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22 de mayo de 2013 | | | | |

Sangre sobre la tierra

Recrudece la represión al campesinado hondureño cometida por empresas y con el apoyo del Estado. Entrevista con Yoni Rivas, dirigente del MUCA

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Durante los últimos años en Honduras, y específicamente a partir del golpe de Estado perpetrado el 28 de junio de 2009, luchar por los derechos humanos en ese país de Centroamérica es sinónimo de riesgo de vida. La victoria de Porfirio Lobo en enero de 2010, en unas elecciones presidenciales denunciadas por las organizaciones y movimientos sociales como fraudulentas, parece no haber hecho otra cosa que instalar definitivamente el terror para quiénes osen reclamar, defender o ejercer sus derechos en ese país.

El movimiento campesino hondureño viene alertando y denunciando una nueva oleada en 2013 de represión y muertes por parte de las fuerzas del Estado y privadas, dentro de lo que ya se podría considerar una política sistemática de persecución a los luchadores sociales.

Los comunicadores y abogados de derechos humanos también son blanco de esta política. Casi una treintena de periodistas fueron asesinados a partir de la llegada de Lobo a la presidencia. Para el caso de los campesinos y campesinas la cifra ya se remonta a más de cien. Estas muertes se lamentan principalmente en lo que ha sido el centro de la conflictividad por la tierra y el territorio en Honduras en los años recientes, la región del Bajo Aguán. El sábado 11 de mayo, José Omar Pérez Menjivar fue acribillado por sicarios de terratenientes de esa zona. Ahora son 99 los campesinos del Bajo Aguán asesinados por guardias privados y paramilitares con la connivencia del Estado, en poco más de 3 años.

En extensa entrevista con Radio Mundo Real, el Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) Yoni Rivas, describe esta fase de criminalización, persecución y asesinato y los distintos actores involucrados en ella. También destaca como causa de esto a las políticas neoliberales impulsadas desde afuera de Honduras, haciendo un fino repaso sobre el estado de la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria en su país.

Estado y terratenientes armados en contra de los campesinos y campesinas

Las organizaciones campesinas del Bajo Aguán denuncian la concreción de un plan de criminalización y represión a través de la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch III, liderada por el coronel German Alfaro Escalante. Según el vocero de Xatruch III, Daniel Molina la operación fue creada para “velar por la convivencia y la seguridad de la ciudadanía”*, pero Rivas cuenta que ésta “ha llegado al Aguán únicamente para reprimir al sector campesino y a defender los intereses de los terratenientes”.

El ejemplo más reciente se dio en la mañana del 21 de mayo, cuando 600 familias que se preparaban para comenzar su jornada de trabajo fueron desalojadas por efectivos de esta operación de la finca Paso Aguán, en la comunidad de Panamá. Las familias volvieron por la tarde, pero esta vez fueron recibidas directamente a tiros, y no por las fuerzas de Xatruch III, sino por la seguridad privada del terrateniente Miguel Facussé, que ocupó las tierras luego del desalojamiento.

Políticas neoliberales y concentración de la tierra

La concentración de la propiedad de la tierra en Honduras tiene un impulso en la historia fundamental, según entiende Rivas. En 1992, el gobierno de Rafael Leonardo Callejas aprueba la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola que entre otras consecuencias, provocó el pasaje de tierras en manos de miles de campesinos y campesinas a grandes propietarios.

Entre estos, algunos nombres resuenan más fuertemente: el ya mencionado Miguel Facussé, Reinaldo Canales y René Morales, tres terratenientes que se caracterizan por haberse apropiado de forma ilegal de tierras pertenecientes a comunidades campesinas y además defender estas usurpaciones a través de fuerzas de seguridad privada y sicarios.

Pero la mencionada ley también abrió las puertas, según cuenta Rivas, para que “grandes corporaciones transnacionales llegaran a acaparar los mejores valles de nuestro país”. La función que pasaron a cumplir las tierras en este proceso de acaparamiento, es de producción de commodities. Así, en el Bajo Aguán la estadounidense Standard Fruit Company produce bananos para exportación y la Corporación Dinant (propiedad de Facussé) destina sus tierras al monocultivo de palma africana. En la zona norte del país, más precisamente en Valle de Sula una empresa privada nacional (CAHSA) y otra de capitales británicos (AZUNOSA), ambas productoras de monocultivos de caña de azúcar, son las responsables del despojo de tierras de los campesinos de esa zona.

También en esa zona la situación actual es de gravedad: “en los últimos cinco días, los compañeros del MOCSAM (Movimiento Campesino de San Manuel Cortes) han tenido ya tres compañeros asesinados”, informa el dirigente entrevistado. Estos asesinatos fueron perpetrados por guardias de seguridad de CAHSA, en respuesta al proceso de recuperación de más de cinco mil hectáreas de tierras, que llevan a cabo los campesinos del MOCSAM “amparados en un fallo a su favor emitido por la Corte de Apelaciones en marzo de este año y en base a una resolución de expropiación favorable al grupo campesino que hizo el Instituto Nacional Agrario desde el año anterior”, según un comunicado del MUCA.

Combatir el hambre no es la prioridad

La primera revolución verde implementada a mediados del siglo pasado incorporó a la agricultura fertilizantes y pesticidas, la segunda que se encuentra en curso, tiene como signo distintivo la biotecnología, pero una de las premisas fundamentales en ambas es la de introducir capital transnacional en el campo. En teoría, la principal preocupación que reside detrás de la implementación de estas revoluciones verdes fue y sigue siendo asegurar el suministro mundial de alimentos, o en otras palabras eliminar el hambre en el mundo, como prometen sus defensores.

Después de 15 años de promulgada la la ley de modernización agrícola, Rivas analiza el aporte de esta modernización al combate al hambre: “Nos tienen hundidos. 52 municipios de Honduras viven una enorme crisis alimentaria según la propia FAO. 15 niños y niñas mueren diariamente por desnutrición, por falta de alimentos en nuestro país. Nos están hundiendo cada vez más en la pobreza con estas políticas de Inversión Agrícola Responsable, que son las que están financiando el acaparamiento de tierras para corporaciones y transnacionales”.

Para el Estado hondureño las propuestas campesinas para combatir el hambre y la pobreza parecen no ser bienvenidas. Por un lado, criminaliza su lucha actuando en connivencia con las fuerzas privadas de los grandes propietarios de tierra. Además de los asesinatos de campesinos, de los que muchas veces las fuerzas públicas son testigos y no actúan para evitarlos, señala Rivas que existen 3 100 personas con juicios en los tribunales de justicia por su lucha por el acceso a la tierra. Por otra parte, las organizaciones campesinas de ese país presentaron a fines de 2011, un proyecto de Ley de Transformación Agraria Integral al Congreso Nacional. Este proyecto sigue “encajonado”, a diferencia de la ley que habilita la creación de “ciudades modelo”, que según resume Rivas “es la entrega de los territorios más productivos de nuestro país a corporaciones transnacionales que vienen a explotar nuestro pueblo, nuestra tierra y a llevarse nuestras riquezas”.

Foto: laschonas.com (Movimiento de Mujeres por la Paz)
*Fuente: http://laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Regionales/Xatruch-III-asume-control-del-Aguan#.UZ0titffu8Y

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