El escenario es la municipalidad de San Juan Sacatepéquez, muy próxima al área metropolitana de ciudad de Guatemala. Los actores se repiten: de un lado una empresa –en este caso cementera- que contando con el auspicio explícito del estado y avasallando el pronunciamiento legítimamente expresado de las comunidades, contrario a su instalación en la región, utiliza todos los métodos de cooptación y represión para asegurar su proyecto.

De otro, miles de familias indígena-campesinas que ven peligrar sus medios más elementales de vida y ven criminalizar a sus líderes, así como profanar sus valores ancestrales por parte de la estrategia empresaria.

Progreso SA es el nombre de la empresa, cuya instalación viene siendo resistido por las denominadas “Doce Comunidades” desde hace cinco años, reflejándose en el rechazo en consulta comunitaria de diciembre de 2011. Sin embargo, la pasada semana la empresa realizó un montaje con autoridades indígenas ancestrales con el objetivo de “solicitar permiso a la madre tierra” para la instalación de la cementera lo que a juicio de las organizaciones representa una afrenta de carácter racista y “una burla a la cosmovisión de los pueblos originarios en especial del pueblo Maya”, señalaron en un comunicado.

Ante esta “ceremonia” montada por la empresa, se convocó para el viernes 5 de julio a una manifestación masiva y pacífica que congregó a unas doce mil personas en el municipio de San Juan Sacatepéquez rechazando la utilización de autoridades ancestrales para legitimar la instalación de la cementera, la cual transcurrió sin incidentes, relata en diálogo con Radio Mundo Real, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala, Daniel Pascual.

Sin embargo a la madrugada siguiente, en momentos en que integrantes de las comunidades se dirigían con sus flores para ser vendidas en ciudad de Guatemala, en torno a las dos de la madrugada, fue detenido Mariano Camey Car, miembro de comunidades en resistencia y además concejal décimo de la municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

Algunas horas después miembros de la comunidad de Mariano se movilizan para conocer su paradero y encuentran que existen órdenes de captura contra otros dos líderes comunitarios que son detenidos: ellos son Lorenzo Car Hernández y Margarito Camey Zet, acusados del delito de “incitación” a la violencia en las comunidades.

Daniel Pascual señala que los tres permanecieron durante unas 24 horas detenidos y solo recuperaron su libertad a partir del pago de unos 2000 quetzales cada uno (unos 250 dólares) aunque sus causas permanecen abiertas, obligándoseles a presentarse quincenalmente en dependencias policiales y como es de costumbre impidiéndoles abandonar el país.

Consternación y revisión

Tras subrayar la gravedad del caso, el dirigente campesino guatemalteco reflexiona sobre un creciente nivel de cooptación empleado por las empresas de algunas personas, organizaciones y autoridades ancestrales lo cual ha despertado “consternación” en las comunidades aunque “no representan a las comunidades indígenas de Guatemala”.

Ante ello, Pascual señala que existe un proceso de “revisión” que genera un “autocuestionamiento” generado por el uso del argumento maya o indígena aunque favoreciendo la instalación de proyectos que contradicen los principios comunitarios del buen vivir. Así, Daniel analiza que la aplicación de un modelo neoliberal a ultranza por parte del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, mediante la privatización de sectores estatales, así como recursos naturales ha motivado un incipiente proceso de unidad indígena-mestiza, pero también de sectores campesinos, de mujeres, ambientalistas, juveniles, acompañado por una recomposición de las autoridades ancestrales.

“Hay un proceso importante de conciencia de las poblaciones mestizas” quienes vienen construyendo su propio concepto de territorio frente a este nuevo escenario, destaca Daniel, quien es referente de Vía Campesina Centroamérica.

En ese sentido, la experiencia de articulación de la marcha indígena-campesina de marzo de 2012, más la coordinación y convergencia Maya Waqib’ Kej han venido recorriendo un camino de acercamiento que, estima Pascual, representa un avance en la resistencia y la formulación de propuestas desde las comunidades que puede abrir un cauce a las demandas populares en un país donde los asesinatos a líderes en resistencia, declaratorias de estado de sitio y acción de grupos armados privados a la orden de las empresas es una triste y corriente moneda.

Aunque aclaró que por su carácter incipiente, “se debe ser bastante celosos en este proceso para que no se desvíe ni sea cooptado ni sea utilizado” con otros fines.

Asimismo, Pascual destaca la convocatoria a una movilización de carácter nacional para el próximo 9 de agosto y la realización de un encuentro de comunicadores comunitarios para fines de mes, destacando las estrategias de comunicación y de defensa legal como fundamentales en el proceso de resistencia hoy en día en Guatemala.

Foto: Telesur Guatemala