Hoy se cumplen nueve años del plebiscito del agua, impulsado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que aglutinó a diversas organizaciones sociales y sindicatos, entre ellos la propia REDES – AT. Ese plebiscito reformó el artículo 47 de la Constitución Nacional, con el apoyo de más del 64 por ciento de los votantes. Así se determinó que el agua es un derecho humano fundamental, que el consumo humano es prioritario, que los servicios de agua y saneamiento en el país deben ser brindados por empresas públicas y que se debe garantizar la gestión sustentable de las cuencas y la participación ciudadana en todos los procesos de esa gestión.

En un comunicado de prensa emitido este jueves, REDES – AT subraya que a nueve años de aquella histórica conquista “la voluntad popular sigue sin ser respetada totalmente por la imposición en el país de la lógica del gran capital en el medio rural, a través de los agronegocios”. “El vertiginoso avance de la soja y la forestación, que ocupan aproximadamente dos millones de hectáreas del territorio nacional, amenaza la cantidad y calidad de nuestras aguas, y por ende, el derecho humano al agua”, fustiga.

Según explica la organización uruguaya, los monocultivos de árboles y de soja, “y el modelo excluyente que lo sustenta”, han afectado a los productores familiares de varios departamentos, que en muchos casos han debido abandonar la tierra.

El último censo agropecuario en Uruguay, de 2011, estipula que en el período 2000-2011 se perdieron en el país más de 11.100 explotaciones de 1 a 99 hectáreas.

“Además, la actual expansión agrícola se ha caracterizado por la aplicación de forma homogénea de paquetes tecnológicos, que incluyen un uso creciente de agrotóxicos para simplificar el manejo en detrimento de la sustentabilidad de los territorios y la salud de sus poblaciones". Los transgénicos de maíz y soja son otros destacados del paquete tecnológico. "Son cada vez más reiteradas las noticias que llegan desde diversas partes del país sobre escuelas y pequeños poblados fumigados, niños, maestros y habitantes afectados”, dice REDES - AT.

Algunas de las cuencas más importantes de Uruguay están contaminadas por agrotóxicos. Entre ellas se destaca la del río Santa Lucía, que abastece de agua potable a alrededor del 60 por ciento de la población nacional. “De esta forma, no se garantiza el derecho humano al agua y que el uso humano sea prioritario”.

En junio de 2013 la CNDAV envió una contribución escrita al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Allí recomendó al Estado uruguayo emprender, entre otras, las siguientes acciones para garantizar el derecho humano al agua:

 Tomar medidas tendientes a garantizar la disponibilidad de agua de calidad mediante la gestión sustentable del territorio y las cuencas hidrográficas, priorizando el consumo humano sobre otros usos.

 Prohibir el uso de agrotóxicos que tengan efectos negativos sobre la calidad de agua y la salud humana en cuencas estratégicas para el abastecimiento de agua a la población.

 Garantizar la participación activa de los y las afectadas por la contaminación en las decisiones relativas a la gestión y control de las cuencas hidrográficas.

 Establecer canales y mecanismos claros para que la población denuncie y pueda tener respuestas rápidas ante situaciones de fumigación o contaminación de recursos naturales.

 Diseñar mecanismos de amparo, denuncia y protección de comunidades cuyos derechos humanos se vean vulnerados por la aplicación de agrotóxicos.

Como integrante de la CNDAV, “REDES – AT reivindica esas recomendaciones realizadas al Estado uruguayo, y reclama que se efectivice una participación real de la ciudadanía en la gestión y control del agua”, cierra el parte de prensa.