Tras el fraude electoral de finales de noviembre, perpetrado contra la candidata en que organizaciones sociales habían confiado alguna esperanza de institucionalidad en ese país, Xiomara Castro, en diciembre del año pasado nuevamente fuerzas policiales se plegaban a intereses latifundistas en el Bajo Aguán.

¿El objetivo? Desplazar a familias campesinas que tienen en sus pequeñas propiedades su único medio de vida en favor del agronegocio y el lucro empresarial.

¿El mecanismo? La violencia más extrema. Iniciando por el incumplimiento por parte del estado hondureño de los compromisos adquiridos con los más pobres de entre los pobres.

Se trató del desalojo de familias usufructuarias de la Finca Marañones en cumplimiento de un acuerdo signado durante el gobierno de José Manuel Zelaya y por lo que campesinas y campesinos vienen pagando puntualmente en medio de las mayores privaciones de su propio pan.

Sin mediar órdenes de captura formales, 300 militares inscriptos en la Operación Xatruch, detuvieron a diez campesinos y campesinas, referentes de dichas familias. “Nosotros venimos cumpliendo (con los pagos) pero el Estado no nos ha cumplido, no tenemos ningún apoyo y además ahora pretenden desalojarnos”, dice, con voz quebrada desde Honduras Jacqueline Funez a los micrófonos de Radio Mundo Real.

“Nosotros aquí vivimos bajo amenazas, desamparados”, resumió Jacqueline.

Llamadas anónimas, mensajes anunciado secuestros, asesinatos y la falta de visitas de organismos humanitarios nacionales o internacionales, son la cosecha diaria de los y las campesinas del Aguán hondureño, dice Jacqueline a nuestro portal, cuyo testimonio presentamos en audio adjunto.

El Banco Mundial y la palma mortal

El nuevo año, asimismo, trae consigo informaciones que se asemejan mucho a anuncios de nuevos conflictos agrarios en ese país centroamericano… con complicidades externas .

Las organizaciones garífunas (afro) de la costa atlántica hondureña denuncian a nivel internacional el financiamiento por parte del Banco Mundial de nuevos cultivos de palma africana en sus territorios y el desconocimiento por parte de este organismo de las violaciones de derechos humanos que este agronegocio trae aparejada.

Se trata de un préstamo por varios millones de dólares concedido en 2009 a una corporación propiedad del tristemente conocido empresario agrícola hondureño Miguel Facussé (“el Palmero de la Muerte”).

Ante las reiteradas denuncias del vínculo entre el fomento de la palma y la violencia ejercida contra las familias campesinas, se conoció la reacción de la International Finance Corporation (IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial) rechazando esta vinculación.

Se trató de su respuesta ante el CAO (Compliance Advisor Ombudsman), una defensoría de casos afectados por el propio IFC-BM. En su informe, esta defensoría había señalado que “entre enero de 2010 y mayo de 2013 hubo por lo menos 102 asesinatos de personas afiliadas al movimiento campesino en el Bajo Aguán, y denuncias específicas que vinculaban 40 de estas muertes a fincas de Dinant (corporación de Facussé), a sus guardias de seguridad o a su empresa contratista de servicios de seguridad".

Estas informaciones constan en un informe de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) divulgado este martes 14 de enero. En el mismo se adelanta: “Sin embargo, teniendo en cuenta la parcialidad existente en Honduras en materia de justicia, el descarado paramilitarismo establecido en el país, además de la satanización en los medios de comunicación en relación al movimiento campesino del Bajo Aguán; es de esperar que Facusse continúe con su estrategia de terror”.

Así, puede verse cómo casos como el de la Finca Marañones, de Jacqueline y sus compañeros, cuentan con el fuerte motor que significa el financiamiento internacional. En cambio, a las 300 mil familias sin tierra de Honduras, nadie las financia, salvo para expulsarlas.