“Entendemos la delimitación como una distracción que está lejos de solucionar el problema que significa la explotación minera en Santurbán. Contradictoriamente, esta medida está hecha para decir en donde sí se puede hacer minería en vez de reglamentar en dónde no se pueden adelantar actividades de alto impacto”, señaló el ambientalista en entrevista con compañeros de CENSAT - Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia.

“Por eso hemos venido diciéndole al país que estas medidas son un adefesio jurídico, que busca crear una línea de páramo legal para permitir que las empresas permanezcan y que al mismo tiempo excluya a los productores agrícolas de la región, prohibiendo sus actividades campesinas y posteriormente generando la expulsión de alrededor de 5000 personas pertenecientes a estos territorios”.

La delimitación que se planea hacer en el páramo de Santurbán, entre los departamentos andinos colombianos de Norte de Santander y Santander es el plan piloto para el resto del país y con esta política minera se estaría poniendo en riesgo a uno de los países reconocidos como potencia hídrica, en el que alrededor del 70 % de la población depende del agua de páramo.

Así, la permanencia de las actividades mineras en el páramo de Santurbán constituye una amenaza directa para el agua que provee a 3 millones de habitantes del nororiente colombiano.

Paralelamente el pago por servicios ambientales ha sido planteado por el gobierno como una forma de generación de ingresos para quienes accedan a esta herramienta de compensación. Sin embargo quienes pagarían este impuesto son los habitantes del área metropolitana de Santander, a través de alzas en las tarifas.

Al respecto, en la entrevista Dadan expresa: “esta medida también ha generado una resistencia en la población pues la comunidad ya paga un impuesto para la conservación del agua y en últimas quienes están explotando el territorio son las grandes empresas, no los campesinos de la región”.

Es así que el Comité por la Defensa del Páramo de Santurbán plantea que la preservación de estos territorios no puede ser presentada como una actividad económica independiente. Sino que las comunidades puedan desarrollar actividades agrícolas que ayuden a proveer de alimentos a la región y al mismo tiempo tengan el propósito de conservar el ecosistema.

Dadan nos explica que: “acceder al pago por servicios ambientales exige al campesino a renunciar a sus actividades agrícolas, a no usar más sus tierras como lo ha venido haciendo, propiciando de esta manera la renuncia a la soberanía alimentaria, considerada como una de las peores consecuencias que esta medida traería a las comunidades”.

Ante el reciente nombramiento de un gerente para el páramo de Santurbán, Dadan afirma: “Este nombramiento evidencia que las soluciones del gobierno son administrativas, es por esto que reiterativamente las comunidades han solicitado una política integral de preservación del agua, que incluya soluciones reales para las comunidades que viven en las zonas y permita garantías de preservación del recurso hídrico. Más allá de la delimitación y el pago por servicios ambientales, se necesita una política de preservación del agua que reconozca el ecosistema de alta montaña como un sistema integral, que exija la salida inmediata de las empresas que adelantan actividades de alto impacto en la zona, para esto se requiere voluntad política del Estado en donde se abran espacios de diálogo sin la intervención de las mineras”.

En audio adjunto puede escucharse la totalidad de la entrevista con este activista ambiental colombiano, realizada para Radio Mundo Real.