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14 de marzo | | |

Justicia y conquistas bajo riesgo

Las tareas de combate a un latifundio asesino en Venezuela

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La ley de Tierras y Desarrollo Agrario promulgada el 10 de diciembre de 2001 en Venezuela tuvo entre sus principales objetivos combatir el latifundio en ese país, generando herramientas al Estado para la concesión de tierras a campesinos sin tierra y regularizando la situación de campesinos con tierra pero que no contaban con títulos. La reacción de los terratenientes a esta política de reforma agraria del gobierno de Hugo Chávez fue de tal manera agresiva que se transformó en una de las principales causas del intento de golpe de Estado a su gobierno en 2002. Pero la violencia no se detuvo, y al día de hoy se contabilizan 178 campesinas y campesinos asesinados a manos de sicarios desde que fue aprobada la ley.

El gobierno junto al campesinado organizado creó la Unidad de Protección al Campesino para brindar apoyo a las familias que han sido víctimas, y también para amparar a quiénes se encuentran bajo amenazas en la actualidad. Gabriela quien integra esta unidad afirma: “la principal bandera nuestra, así como lo es la Ley de Tierras, es la Ley contra el Sicariato, que ha tenido sus avances pero necesita ser aprobada, para visibilizar el sicariato como un crimen de lesa humanidad, porque son crímenes que no pueden prescribir”.

La propia institución no ha estado exenta de riesgos según denuncia Gabriela: “al espacio nuestro han llegado sicarios, porque somos una amenaza, porque le estamos planteando la pelea; les estamos diciendo ’no estamos dispuestos a seguir siendo víctimas de ustedes los terratenientes y los dueños de los sectores de producción agroalimentaria”.

Los y las campesinas agrupadas en la Fundación de Familiares de Víctimas de Sicariato Campesino levantaron otro alerta ante la nueva configuración de la política institucional venezolana generada a partir de la victoria de la oposición en el parlamento: la ley de amnistía aprobada en primera instancia el pasado 16 de febrero. Lo que está siendo considerada una ley de impunidad por los movimientos sociales en general, también representaría una amenaza a la garantía de justicia para las víctimas del sicariato campesino.

Desde el gobierno, la última medida en relación a este tema ha sido la inclusión de 132 personas en un Plan Nacional para Víctimas del Sicariato Campesino, aprobada el 27 de febrero de este año en el marco de un Plan de Derechos Humanos que contempló también la atención a víctimas de las guarimbas de 2013 y 2014 y del llamado ’Caracazo’ de 1989, hecho que marcó la rebelión de la población en ese país en contra de la implementación de medidas neoliberales del gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, cuya respuesta represiva asesinó a cientos de personas, y dejó a más de dos mil personas desaparecidas.

Escuche en el audio adjunto las voces de Andrés y Gabriela integrantes de la Unidad de Protección al Campesino durante el Encuentro de Comunicación de ALBA Movimientos

Fuentes: TeleSur, Venezolana de Televisión, Correo del Orinoco

Imagen: http://www.correodelorinoco.gob.ve/

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