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30 de marzo | | | | | |

No se sostiene

CIDH, organizaciones sociales, familiares y juristas reclaman por retorno de Gustavo Castro, testigo del crimen de Berta Cáceres

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La permanencia del ambientalista Gustavo Castro en Honduras, debido a la alerta migratoria que ha hecho pesar sobre él el gobierno hondureño ya no resiste ante las muestras de solidaridad y exhortaciones que desde diversos ámbitos se realizan sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández.

Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos-Amigos de la Tierra Chiapas, así como del Movimiento Mesoamericano contra el modelo Extractivo Minero (M4), la Red latinoamericana contra represas y en defensa de los ríos y el agua (REDLAR), entre otras redes y articulaciones, se encontraba con Berta Cáceres la madrugada del 3 de marzo en Honduras y fue herido por los mismos que acabaron con la vida de la luchadora miembro del COPINH.

Es el único testigo de dicho crimen y por lo tanto su vida corre serio riesgo al permanecer en territorio hondureño y desde diversas redes colectivas, instituciones de derechos humanos, organizaciones ambientalistas internacionales y grupos defensores de los territorios en Honduras y Mesoamérica vienen reclamando a las autoridades permitirle regresar con su familia al estado de Chiapas.

Este miércoles se realizó una conferencia de prensa en Tegucigalpa, capital de Honduras, para informar de las diferentes negativas del gobierno local a estas peticiones para permitir el regreso de Gustavo, así como su continuidad como víctima y testigo en el caso del crimen de Cáceres.

CIDH

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Honduras que permita la salida del ambientalista mexicano para que participe en las sesiones de ese organismo que comenzarán el 2 de abril en Washington, Estados Unidos, informó el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz. “Como Castro Soto es beneficiario de las medidas cautelares, la CIDH quiere que participe en las sesiones y cuente las condiciones del atentado y su retención en Honduras”, agregó en declaraciones al periódico La Jornada de México.

Recordó que Gustavo se encuentra en calidad de testigo protegido en la embajada de México en Honduras por una alerta migratoria de 30 días, que vence el 8 de abril.

La CIDH otorgó medidas cautelares para los familiares de Cáceres, para los integrantes del Copinh y para Gustavo Castro y “en ese mismo pedido solicitó al Estado de Honduras que durante el próximo período de sesiones que inicia el 2 de abril comparezca, como se espera lo hagan los beneficiarios, para ampliar la información sobre el caso”.

Ahora que se acerca su período de sesiones, la CIDH le envió comunicación a Honduras pidiéndole que agote las medidas necesarias para asegurar que Gustavo Castro participe en las reuniones.

Señaló que “esa comunicación, que también se envió a Castro Soto, la presentamos ante la Fiscalía General y ante la Corte Constitucional de Honduras, que tienen pendiente de resolver dos recursos jurídicos para que el mexicano regrese a su país, con la finalidad de solicitarles que tomen en cuenta la petición de la CIDH al resolver los recursos para que los beneficiarios de la medidas cautelares asistan a las sesiones”.

De los Santos Cruz manifestó que “la misma petición se la hicimos a la jueza del caso, Victorina Flores pero no la aceptó con el argumento de que Gustavo no necesariamente tenía que participar en la reunión. No queremos litigar con ella porque es la que se ha mostrado más renuente a respetar los derechos humanos de Castro Soto, es la que más trabas ha puesto, pero confiamos en que la Fiscalía y la Corte cumplirán con la obligación de verificar que se cumpla con el respeto a los derechos humanos; ellos sí tienen que hacer un estudio” a fondo.

“Si se atiende la petición de la CIDH y si se resuelven los recursos con la urgencia que el caso amerita, Castro Soto tendía que salir antes de los 30 días de la alerta migratoria que vencen el 8 de abril”, aseveró.

Chiapas

Asimismo un conjunto de activistas y decenas de organizaciones sociales afincadas en el estado mexicano de Chiapas se dirigieron a las autoridades de ambos países –México y Honduras- en el mismo sentido.

“En este escenario, señalan, nos queremos pronunciar, ya que nos preocupa mucho la seguridad de nuestro compañero Gustavo Castro, a quien no le han permitido salir de Honduras, alegando que es un testigo importante en el asesinato de Berta Cáceres, pero como bien dice él, no tiene delito, ya declaró y las demás diligencias las puede hacer aquí en México”.

También exigen “a las autoridades del gobierno de Honduras se haga justicia en la muerte de Berta Cáceres y se otorguen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de Gustavo Castro Soto” y “al gobierno de México (…) tome cartas en el asunto, para agilizar el regreso” del luchador ambientalista a México.

Desidia mexicana

En ese sentido y desde la propia organización de castro, Otros Mundos-Amigos de la Tierra Chiapas, apuntan a la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana por falta de compromiso con la suerte física, legal y psicológica del mismo.

“A más de tres semanas de que la jueza Victorina Flores de Honduras decretara una alerta migratoria por treinta días para Gustavo (…) la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no hace valer el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado por ambos países, en el cuál indica como primera medida de protección la salida inmediata del país del testigo y la consecuente colaboración en la investigación”, señalaron desde Otros Mundos en un posicionamiento conocido el martes 29 de marzo.

“La Secretaria de Relaciones Exteriores tiene conocimiento pleno de la situación de Gustavo Castro: sabe de las irregularidades en el procedimiento de investigación del caso de parte de la Fiscalía, de las excesivas medidas tomadas por la Jueza en Honduras (que incluso cesó a la abogada Ivania Galeano, dejando en indefensión al testigo), conoce las medidas que ha solicitado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras para la protección de Gustavo Castro y la ampliación de medidas también solicitadas para el equipo legal y su hermano Oscar Castro quien se encuentra acompañándole”, agregan.

Durante estos días, la Fiscalía de Intibucá y la Corte de Apelaciones de Acomayagua, deberán dar respuesta a los recursos legales que interpuso el equipo legal de Gustavo Castro: recurso ante la Fiscalía para revocar la alerta migratoria por treinta días, amparo que denuncia la medida violatoria de derechos del testigo protegido, Habeas Corpus que protege a Gustavo Castro en su calidad de víctima y testigo. “Es necesario que estos tengan una respuesta favorable”, agregan.

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