La sentencia se enmarca en un juicio de acceso a la información pública que inició el "Movimiento Uruguay Libre", junto al Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO).

La empresa pública ANCAP no apeló el fallo, por lo que tiene plazo hasta el viernes 9 de septiembre para entregar copia del contrato.

En Uruguay la confidencialidad de los contratos petroleros es ilegal. El artículo 4 del Código de Minería uruguayo establece que los yacimientos de sustancias minerales "integran en forma inalienable e imprescriptible, el dominio del Estado". El Código les reconoce a esos yacimientos características propias de los bienes del dominio público del Estado. Los bienes del Estado se dividen en fiscales y del dominio público (de propiedad pública). Son bienes fiscales, por ejemplo, un terreno, una casa o una oficina. Con respecto a ellos el Estado se comporta como un dueño particular y los puede vender o alquilar como quiera. No puede hacer lo mismo, en cambio, con los bienes del dominio público, como parques, playas o yacimientos de sustancias minerales. Respecto de esta clase de bienes el Estado sólo es su administrador.

El hecho de que los yacimientos de sustancias minerales sean bienes del dominio público implica que el verdadero propietario y beneficiario es el público en general, por lo que esos bienes deben ser manejados con la transparencia adecuada. La confidencialidad en los contratos por bienes del dominio público es ilegal en Uruguay. Todos los contratos que se celebren tienen que ser transparentes. Porque están destinados a la comunidad y lo que de ellos se obtenga para el Estado tiene que ser en beneficio del país.

Pero además, los yacimientos de sustancias minerales son recursos no renovables, se agotan con el uso. La población, como dueña del recurso, tiene derecho a saber si los contratos del Estado con las compañías petroleras transnacionales establecen condiciones que maximicen los beneficios que obtiene el país a cambio de empeñar una parte del capital natural no renovable del subsuelo.

Los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos entre Estados y compañías petroleras establecen las obligaciones que una empresa contratista tiene con el Estado y sus ciudadanos, y viceversa. En estos contratos se incluyen los pagos fiscales esperados y los ritmos de pago acordados con las empresas, cómo se reparten costos y gastos, cuáles son las responsabilidades ambientales y sociales, y los planes para el desarrollo del recurso.

Según el Revenue Watch Institute, publicar los contratos firmados con las empresas extractivas “ayuda a los ciudadanos a evaluar qué beneficios y protecciones recibe su país a cambio de brindar acceso a recursos naturales de propiedad pública, y también los ayuda a controlar si las empresas y el gobierno están cumpliendo con sus obligaciones”.

El libro “Escapar a la maldición de los recursos naturales” es una especie de guía para países que aspiren a ello. En él Joseph Bell y Teresa Faria señalan: “La divulgación de la información a lo largo de un proyecto extractivo, desde la licencia para la exploración hasta la limpieza del proyecto, es fundamental para que la sociedad civil pueda exigir rendición de cuentas al gobierno y las compañías o para que, en caso de desacuerdo, pueda presionar por reformas”.

Neoliberalismo y después

La justicia obligó a ANCAP a entregar el contrato con Total. Los gobiernos de corte neoliberal que en la década de los 90 e inicios de los 2000 gobernaron Uruguay intentaron privatizar a esta empresa estatal, una de las principales y la más estratégica entre las que cuenta el estado uruguayo. Un plebiscito con amplio respaldo de la ciudadanía lo evitó, es decir una consulta a la población que se expresó a través de su voto. Es importante, pues, que esa misma población conozca los detalles de estos contratos, lo cual será posible gracias al mecanismo de acceso a la información antes mencionado.