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12 de junio | | |

Áreas protegidas como excusa

Organizaciones denuncian desplazamiento forzado de la comunidad Laguna Larga, de Guatemala

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El 2 de junio, 500 personas de la comunidad Laguna Larga, ubicada en la Laguna del Tigre, departamento de El Petén (Guatemala), fueron desplazadas violentamente por fuerzas policiales y castrenses. Atravesaron la selva para refugiarse en México, pero allí tampoco los dejan estar. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) y otras organizaciones denuncian la actitud del gobierno guatemalteco y piden el cese de este y otros desalojos.

La comunidad desplazada se asentaba en un área de la Reserva de Biosfera Maya y, al igual que otras comunidades de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón, puebla la zona desde antes de la creación de las áreas naturales protegidas. Así lo recordó la semana pasada el sitio Avispa Midia, que publicó una nota sobre el tema.

Pese a haberse iniciado un espacio de diálogo entre las comunidades y el Estado en noviembre de 2016, para definir el tema, en marzo la Justicia guatemalteca avaló el desalojo. El 30 de mayo la comunidad presentó un amparo para detener la expulsión, pero no fueron tenidas en cuenta, señala Avispa Midia. “El 31 de mayo actores del Estado y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) planearon la invasión a la tierra de los comuneros y el 1º de junio cerca de mil agentes de la PNC y elementos del ejército guatemalteco fueron desplegados en los municipios de San Benito y San Andrés con la excusa de ejecutar acciones contra ‘narco-actividad y delitos contra el ambiente’”, detalla la nota.

El desplazamiento se inició el 2 de junio, cuando cientos de personas –en su mayoría mujeres, ancianos, y niños- atravesaron siete kilómetros de la selva para llegar al ejido El Desengaño, en el municipio de Candelaria, en el estado mexicano de Campeche, limítrofe a El Petén.

El 7 de junio organizaciones de Derechos Humanos de México fueron al campamento de las familias en Campeche; en un comunicado de prensa, denunciaron las condiciones precarias en las que están viviendo, y afirmaron que están en una situación de “emergencia humanitaria” y que está en riesgo la vida y la integridad de las personas asentadas: en plena temporada de lluvias se cubren con bolsas de nailon y, por temor a ser deportados a Guatemala, no asisten al médico para atender los problemas de salud que padecen. Lo mismo señala ATALC en su comunicado, en el que especifica que estas familias no tienen acceso al agua, a la luz ni a ningún otro servicio. “Cuentan con las pocas pertenencias que pudieron llevar consigo después de que ese les quemaran y destruyeran sus casas y áreas comunes”.

“Pedimos al Estado guatemalteco atienda inmediatamente las exigencias de la comunidad de retorno y protección y condenamos la falta de actuación que ha mostrado hasta ahora. Condenamos también la actuación de las autoridades mexicanas, las cuales enviaron a fuerzas de seguridad y a agentes de migración para recibir a los desplazados, sin asumir su responsabilidad por el grado de violencia que tal actitud conlleva”, dice ATALC en su comunicado.

Motivos de fondo

Las organizaciones de Derechos Humanos de México, ATALC y la Comisión Internacional de Juristas rechazan, además, el argumento de que la comunidad fue desalojada para defender al medio ambiente; señalan que quienes hoy están desplazados no sólo cuidan del lugar que habitan, sino que, además, el Estado guatemalteco tiene otros intereses en la zona, como continuar con la explotación petrolera, de hule, ganadera y con monocultivos de palma aceitera.

“Bajo el discurso de la necesidad de luchar contra el cambio climático, culpabiliza a las comunidades de El Petén de las afectaciones en esos territorios, sin tomar en cuenta el papel del avance del agronegocio y de los procesos de extracción de petróleo en la agravación de la actual crisis ambiental. Vemos cómo las áreas protegidas finalmente se constituyen sobre los territorios como estrategias de control e inmovilización mediante las cuales el Estado no permite la pervivencia de las comunidades ahí asentadas”, denunció ATALC.

Pero la preocupación de las organizaciones es creciente, porque se anuncia que el miércoles 14 de junio el gobierno guatemalteco pretende desalojar a otras tres comunidades de la zona de El Petén.

En su comunicado, ATALC pide “el retorno pronto y seguro de los miembros de la comunidad Laguna Larga”, el retiro de soldados y policías de la comunidad, el cese de desalojos y el cese del hostigamiento a integrantes del consejo de pueblos del quiché perseguidas bajo amenaza de muerte por denunciar la tala y el saqueo de madera, en Guatemala.

Imagen: La 72 - Hogar-Refugio para Personas Migrantes

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