Esta semana, indígenas de la comunidad de San San Druy cortaron durante más de siete horas una ruta para denunciar las persecuciones que sufren los dirigentes que encabezan el conflicto contra la empresa Ganadera Bocas.

Los manifestantes denunciaron a las autoridades públicas por favorecer a la firma ganadera en muchas de sus decisiones, incluyendo una orden de desalojo de las tierras en disputa que fue librada por la justicia en marzo.

Ganadera Bocas aduce a partir de supuestos títulos de propiedad fechados en 1911, y ha presionado, con total éxito, para que los pueblos indígenas abandonen sus tierras. El conflicto comenzó a tomar estado público cuando representantes de los pueblos indígenas se instalaron frente al Parque de la Catedral, en la capital del país, para exigirle al Poder Ejecutivo que atienda su problemática.

No están siendo tiempo fáciles para las comunidades nativas de la provincia de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica. En los últimos meses, los indígenas Naso y Ngobe también se han movilizado para defender las cuencas de los ríos Teribe y Changuinola, que están amenazadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, promovido por la empresa colombiana Pública de Medellín (EMP) y la compañía estadounidense AES.

Este será uno de los temas que tendrá que afrontar el nuevo presidente panameño, Ricardo Martinelli, que asumió hoy ese cargo. Martinelli, que viene del mundo empresarial, deberá tomar posición acerca de una recomendación de suspensión de Chan 75 efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Un informe que había sido elaborado por un relator especial de la ONU advertía por la falta de seguridad que tienen las comunidades indígenas en materia de tenencia de tierras, y los riesgos de inundaciones que provocaría la edificación proyectada sobre el río Changuinola, en una zona clave de la reserva de la biosfera conocida como “La Amistad Panamá”.