22 de julio de 2010 | Noticias | Soberanía Alimentaria
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La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de Brasil presentó el 14 de julio ante el Ministerio Público Federal (MPF) y la secretaría de Medio Ambiente del estado de Pará un extenso archivo documental para comprobar los impactos que ha provocado el puerto granelero de la corporación Cargill en la localidad paraense de Santarém.
El sitio de la CPT explica que los documentos son el resultado de un monitoreo de las organizaciones locales que se opusieron a su instalación, y que ese seguimiento se efectuó durante los últimos siete años, o sea todo el tiempo de funcionamiento que lleva la terminal portuaria.
Durante todo este período, según informó esta semana la agencia de noticias Adital, el puerto de la Cargill funcionó sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente y sin las audiencias públicas que lo avalaran.
“El avance de la frontera agrícola, basado en la cultura de la soja, agudizó el conflicto en el campo brasileño”, sentencia la CPT en su informe.
La acción civil iniciada por las organizaciones sociales contra la multinacional semillera Cargill –que tiene su base de operaciones en la ciudad estadounidense de Minnesota- está fundamentada en que la construcción del puerto se llevó adelante sin respetar la legislación brasileña, y ha generado el desplazamiento de comunidades rurales que se dedicaban a la agricultura familiar hasta la llegada de la soja.
La CPT cita en su escrito datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Santarém, que contabiliza solamente en esa ciudad a unas 500 familias que abandonaron sus tierras como consecuencia de la expansión sojera.
“Una de las principales amenazas al ambiente amazónico es la contaminación de los recursos hídricos”, continúa la organización, en referencia al aumento en la utilización de productos agrotóxicos.
Las autoridades competentes, según afirman, han estado omisas en el control de las actividades en el puerto de la Cargill, y de alguna forma “legalizaron” un crimen cometido contra pueblos que hoy están en “peligro de extinción”. Otra consecuencia de esta iniciativa privada ha sido el paulatino crecimiento de la violencia rural, lo que incluye amenazas de muerte contra autoridades religiosas que han denunciado los daños de los monocultivos sojeros.
“Cargill significa mucho más que un puerto granelero construido en la única playa urbana de Santarém. Es una gran amenaza a la vida de la Amazonia”, concluyen en la denuncia presentada ante el MPF y la secretaría de Medio Ambiente de Pará.
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