La Ley de Bosques había recibido su sanción por parte del Congreso luego de una amplia campaña de recolección de firmas, que fue apoyada por cerca de un millón y medio de argentinos.

Para que la presidenta la reglamentara, se había conducido otra campaña que consistía en enviarle correos electrónicos y en llamar a la Casa Rosada, pero fue el alud que sacudió la localidad salteña de Tartagal lo que finalmente convenció a Cristina Fernández.

Las imágenes que llegaron desde Tartagal mostraban como cientos de casas eran arrastradas por el barro, causando una catástrofe que afectó a miles de personas.

Organizaciones ambientalistas denunciaron entonces que ese hecho estaba profundamente vinculado al desmonte, muy avanzado en la provincia de Salta. Como se ha señalado por parte de quienes critican la tala del bosque nativo, la deforestación está estrechamente relacionada con el monocultivo de soja, que se expande alarmantemente por Argentina.

Con la reglamentación del Ejecutivo se garantiza ahora que la ley entre en funcionamiento, lo que significa que las provincias no pueden emitir permisos de desmonte hasta que no realicen un Ordenamiento Territorial de sus bosques, que debe considerar criterios ambientales y categorías de conservación que buscan preservar los territorios que utilizan las comunidades originarias y campesinas.

Asimismo, la normativa establece mecanismos en los que se respetará la opinión de las comunidades para autorizar un desmonte, y se exigen estudios de impacto ambiental.

Hoy también tendrá lugar otro hecho importante que refiere a los desmontes, cuando se realice una audiencia judicial convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que comunidades indígenas y campesinas del norte de Salta reclamarán que se detengan los desmontes en sus territorios.