A través de un comunicado, la AIDESEP rechazó “enérgicamente” estas iniciativas gubernamentales porque atentan “contra la vida del país” y la soberanía nacional.

Los decretos recién aprobados, según la organización peruana, permitirán la ejecución de 33 megaproyectos de infraestructura, que se podrán llevar adelante sin necesidad de contar con estudios de impacto ambiental.

“Condenamos la actitud del gobierno, ya que no solamente pretende regalar lo que queda del país, sino que actúa contra el Derecho a la Consulta que tienen los Pueblos Indígenas”, señalan desde la asociación.

La AIDESEP sostiene que García se opone a la institucionalización del derecho de consulta para “facilitar la repartija” de las riquezas naturales del Perú. La organización peruana llevó muchas de estas denuncias que vinculan a la administración derechista al Foro Social Mundial que culminó hace algunos días en Dakar, la capital de Senegal.

La vicepresidenta de esta entidad, Daysi Zapata Farzadi, le declaró al sitio español Más Voces que solamente la construcción de proyectos hidroeléctricos desplazará a unos 43 mil indígenas, una cifra que incluye las obras del polémico proyecto Inambare.

Foto: www.aidesep.org.pe