Miles de indígenas se han movilizado para exigir, entre otras cosas, la suspensión de la nueva Ley de Minería, ya que ésta es perjudicial para las comunidades rurales. Es que la aprobación de esta normativa dejaría sin efecto a todas las consultas comunitarias que se han realizado en el país, y en las que la población ha expresado su rechazo a los proyectos de extracción minera.

A eso se suma el pedido de la comunidad de San Juan Sacatepéquez para que la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso abandone sus territorios.

La compañía de capitales suizos pretende instalar una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares, y a eso se suman los impactos ambientales de otras actividades como la reforestación con eucaliptos y la minería

Foto: FOEI