En la audiencia se manejaron las conclusiones a las que llegó la misión internacional de observación en el Bajo Aguán, realizada entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, según informó la agencia Adital.

Esa visita sirvió para constatar el incremento de los asesinatos, las amenazas y las intimidaciones contra aproximadamente 3500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra, y que han sufrido significativamente el golpe de Estado de 2009.

Entre septiembre de 2009 y octubre de 2011, 42 personas afiliadas a organizaciones campesinas, un periodista y su pareja fueron asesinados en el contexto del conflicto agrario en dicha región, según la agencia informativa.

Por su parte, Rudy Hernández, defensor de derechos humanos y ex directivo del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) le dijo a la Rel-UITA que la audiencia que la CIDH concedió en Washington “fue algo muy importante”, y que la presentación del Estado hondureño ante ese ámbito “estuvo muy carente de contenidos”.

“Desconoció el derecho de acceso a la tierra por parte de las familias campesinas y mostró desconocer los datos reales acerca de los asesinatos de campesinos, los desalojos violentos, las graves violaciones a los Derechos Humanos y la impunidad”, criticó el militante social.

Según dijo, las familias campesinas del Bajo Aguán “exigen la tierra porque no tienen que comer”, y el monocultivo, sobre todo de palma africana, es “una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario”.

Por otra parte, el lunes también se denunció frente a la CIDH que unos 400 indígenas miskitos hondureños han muerto y 4200 han quedado discapacitados por la pesca de la langosta, que se realiza buceando en condiciones extremas.

Eso se debió a que los trabajadores no cuentan con los equipos adecuados y no reciben tratamiento médico oportuno, según un informe de Radio Progreso, que divulga la agencia ALER, y que escuchamos a continuación.

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