19 de abril de 2010 | Entrevistas | Soberanía Alimentaria
Cambio de planes
Agrocombustibles desplazan comunidad campesina en Guatemala
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La criminalización de las comunidades campesinas que luchan en defensa de la tierra en Guatemala es una cuestión de todos los días, según afirman las organizaciones sociales de ese país.
Por ejemplo, el Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció que el pasado 9 de abril, en las cercanías de la ciudad de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, tres dirigentes comunitarios fueron arrestados por la policía nacional en forma arbitraria y todavía permanecen tras las rejas.
Ellos son Jesús Yat de 55 años, Álvaro Barahona de 20 años y Oscar Manuel Xol de 45 años. Son líderes campesinos de la comunidad Saquimo Sataña, integrada por unas 47 familias que enfrentan una orden de desalojo por parte de la justicia.
El CUC puntualizó a través de un comunicado que estas acciones son parte de un “proceso de persecución” a referentes del campesinado que llevan adelante los grandes propietarios, en complicidad con el sistema judicial. Por eso le reclaman al Ministerio Público la inmediata verificación del papel de los funcionarios que actuaron en este pleito y piden la liberación de los sindicalistas que permanecen detenidos.
El dirigente Daniel Pascual del CUC explicó a Radio Mundo Real que detrás de este conflicto agrario hay una disputa de tierras para destinarlas al cultivo de palma aceitera y caña de azúcar, cuyo destino final será la producción de agrocombustibles.
Por otra parte, continuó Pascual, el comité campesino está en pie de guerra contra la decisión del Estado de Guatemala de no convocar a consultas comunitarias para decidir la viabilidad de los proyectos mineros en todo el territorio nacional, lo que representa una “violación constante” de lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Además, como se sabe, el gobierno orientado por Álvaro Colom no acató la resolución del organismo internacional que le exigió el cese de las actividades extractivas, y le otorgó un plazo para la moratoria que venció el viernes 16 de abril.
Como nada de eso sucedió, ahora las organizaciones sociales intensifican sus movilizaciones y denuncias a nivel internacional, ante lo que consideran una “actitud cobarde” del gobierno que solamente “facilita el saqueo” de los recursos por parte de las trasnacionales, según dijo Pascual a Radio Mundo Real.
