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9 de septiembre de 2009 | Entrevistas | Género
De antes de Cristo
Decisión de colegios católicos de excluir a docentes homosexuales o divorciados genera repudio en organizaciones de DDHH uruguayas
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Cuando las por lo general herméticas estructuras de la Iglesia Católica en Uruguay dejan filtrar algún hilo de luz y sus documentos internos son conocidos públicamente, en general la opinión pública se ve afectada al mismo tiempo por sorpresa e incredulidad.
Es que en lo que a género refiere, algunos de sus posicionamientos parecerían “fuera de agenda” y en otros resultan directamente increíbles casi transcurrida la primer década del siglo XXI.
En sus “orientaciones” a los colegios católicos uruguayos, recientemente divulgadas, la Conferencia Episcopal que reúne a los obispos de todo el país establece la incompatibilidad de trabajar en un centro educativo de confesión católica con la “opción” de homosexualidad o divorcio.
El documento se refiere a divorciados vueltos a casar y a homosexuales a quienes considera una persona “que ha hecho una opción distinta de lo que es el pensamiento de la iglesia (y a quien) hay que mostrarle que no es conveniente que trabaje en esa institución”.
El tema se ventiló a través de la publicación en un influyente semanario, que además consultó a un vocero de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, quien consideró difíciles de armonizar las opciones de las instituciones educativas con las de docentes o funcionarios de docencia indirecta homosexuales.
La directiva de los prelados no solamente violenta el sentido común sino la propia legislación antidiscriminatoria internacional y con aplicación en Uruguay, sostienen un grupo de organizaciones civiles agrupadas en el Capítulo Uruguay de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD).
Esta plataforma, presente en dieciséis países, emitió una declaración en la que señalan el carácter inédito de la aserción católica y sus consecuencias como amenaza implícita a la libertad de trabajo de los involucrados.
“Es la primera vez que en Uruguay una entidad religiosa se atribuye la prerrogativa de elegir al personal docente, no por su excelencia, sus valores humanos, su inteligencia o aptitud, sino por su orientación u opción sexual. Las afirmaciones expresadas por la ECU y AUDEC no sólo constituyen una amenaza implícita a la estabilidad laboral de las personas implicadas sino que promueve el odio contra estas personas, lo cual es un delito incorporado en el Código Penal”, dice la declaración de la Plataforma.
Radio Mundo Real recogió el testimonio de Elena Fonseca, integrante del colectivo feminista Cotidiano Mujer, que es parte de la PIDHDD.
“Nos preocupa enormemente por esta resolución y nos preguntamos cuál es la diferencia entre un profesor o profesora homosexual y otro que no lo sea”, dijo Fonseca. Al respecto la activista se interrogó: “¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿Los van a consultar también sobre su opción sexual? Creemos que todo esto es muy grave y va contra el principio de inclusión que debería regir la vida de nuestro país”, agregó.
