Aunque la respuesta inicial del gobierno de García fue movilizar a miles de efectivos de la policía y del Ejército para “resguardar el orden” frente a las masivas protestas pacíficas, que arrestaron a decenas de manifestantes, de todas formas fue imposible para las autoridades hacer oídos sordos frente a los reclamos. En la segunda jornada de protestas, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, hizo pública una carta de renuncia a su cargo, en la que decidía asumir el costo político de la crisis política del país, que se reflejaba con fuerza a través de las movilizaciones.

Precisamente, la plataforma del Frente Nacional por la Vida y la Soberanía hacía suyos los reclamos de los indígenas que durante varios meses se movilizaron para rechazar la aprobación de una serie de decretos presidenciales –adoptados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos- que permitían el ingreso de las empresas trasnacionales a la Amazonía. En junio, las movilizaciones indígenas tuvieron un crudo desenlace, cuando la fuerza pública intentó disolver por la fuerza uno de los bloqueos que realizaban los pobladores originarios, ocasionando una matanza.

Las manifestaciones de esta semana reclamaban al gobierno que no continuara con su criminalización de la protesta social, que liberara a quienes habían sido encarcelados durante los enfrentamientos del mes pasado, y exigían el retorno a Perú del dirigente originario Alberto Pizango, que debió abandonar el país luego de que el Ejecutivo intentó inculparlo por los enfrentamientos.

De todas formas, el Frente Nacional por la Vida y la Soberanía no consideró que sus reclamos estuvieran cumplidos mediante el cambio de gabinete, ya que lo que reclamaban era un cambio de política, y no de figuras.