La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), concedió medidas cautelares para alrededor de 300 personas que recibieron ataques tras la violencia política desatada luego del derrocamiento del presidente hondureño Manuel Zelaya, en junio del año pasado. Pero a pesar de la protección de la CIDH, según las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en 2010 fueron asesinados dos beneficiarios, mientras que otros tres sufrieron atentados, 35 fueron amenazados de muerte, y nueve abandonaron el país.

Las denuncias fueron en parte respaldadas por el relator de la CIDH para Honduras, Felipe González, quien manifestó que los recursos destinados por el Estado hondureño -que conduce Porfirio Lobo, quien fue investido en la presidencia luego de elecciones consideradas ilegítimas por los movimientos sociales- eran "a todas luces" insuficientes para proteger a los beneficiarios de medidas cautelares.

Por otra parte, organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe (AMARC ALC), ARTICLE 19 y el International Media Support presentaron un informe ante la CIDH focalizado en la situación de los trabajadores de la prensa hondureña.

Este informe, titulado “Impunidad deja expuestos a los periodistas hondureños”, fue el resultado de una misión de observación de estas organizaciones en el país, que se llevó a cabo entre el 24 de agosto y el 2 de setiembre de este año.

Allí se establece que Honduras, junto con México, es el país más peligroso del continente para el ejercicio del periodismo, y se indica que el Estado no ha logrado esclarecer las muertes de periodistas, ni brinda las protecciones adecuadas para éstos.

En los últimos dos años fueron asesinados diez periodistas, treinta abogados y gran cantidad de integrantes de los movimientos sociales. La mayoría de los responsables de estas muertes permanecen en la impunidad, mientras cada día aumenta el promedio de muertes violentas en el país.

Foto: http://www.agenciapulsar.org/