La contaminación perjudica sobre todo a comunidades indígenas del departamento de Loreto, y los informes preliminares de los especialistas alertan que los niveles de grasas y aceites sobre las aguas del Marañón están muy por encima de los permitidos, y podrían provocar impactos irreversibles para la flora y la fauna.

El desastre ecológico ya tuvo las primeras repercusiones en el sistema político. La bancada parlamentaria del Partido Nacionalista Peruano (PNP) –cuyo principal referente es el ex candidato presidencial Ollanta Humala- presentó el viernes 2 de julio una demanda penal contra seis ejecutivos de la trasnacional petrolera, por su responsabilidad en el derrame.

Recordaron además que uno de los poblados más perjudicados, Santa Rita de Castilla, utiliza las aguas del Marañón para consumo, y por eso a la empresa petrolera se le podrían imputar delitos vinculados a atentados a la salud pública.

La empresa Pluspetrol Resource Corporation es de origen argentino pero tiene su sede en Holanda, y desde hace varios años está acusada de vulnerar los derechos de pueblos indígenas en la amazonía peruana. Ya había sido denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que sesionó en mayo en Madrid por haber vulnerado las libertades fundamentales de la población indígena de esta zona.

Pero Pluspetrol no es la única compañía extractiva acusada de cometer delitos ambientales en Perú durante las últimas semanas. Además de reportar el conflicto en el Marañón, un informe de Chamí Radio que difunde la agencia de noticias ALER, denuncia un derrame de sustancias químicas usadas para la extracción en la minera "La Caudalosa Chica", ubicada en el departamento de Huancavelica, al centro del país.

En este caso, los informes de las autoridades ambientales hablan de unos 21 mil metros cúbicos de productos que contaminan el río Opamayo, lo que estaría impactando fuertemente sobre unas diez comunidades ribereñas.

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