La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que aglutina a las agrupaciones que trabajan en defensa del agua, y que fue la impulsora de la reforma de 2004, realizará hoy una jornada de celebración en el Callejón de la Universidad de la República, en la capital del país, Montevideo. Allí se proyectarán videos y se entregarán publicaciones y folletos.

“No obstante, también es una jornada para el alerta: el rápido e impactante desarrollo de los agronegocios en el país, con la soja y la forestación como monedas más salientes (y los agrotóxicos asociados), pone en jaque directamente la cantidad y calidad de nuestras aguas, inclusive en algunas de las fuentes más importantes”, expresó ayer un comunicado de prensa circulado por REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, integrante de la CNDAV. “La ausencia de estudios y hasta un compromiso estatal asumido con una corporación transnacional complican el panorama. Las consecuencias sociales y ambientales pueden llegar a ser graves, sin pretender ser alarmistas”, agregó la organización ecologista.

La CNDAV está demandando que se estatice la empresa Aguas de la Costa en el departamento de Maldonado, que tiene parte de su paquete accionario controlado por una compañía privada (Seinco), lo que es inconstitucional. Los movimientos y organizaciones sociales también reclaman que se instauren a nivel nacional los mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión del agua, para cumplir con la reforma de 2004.

REDES – AT puso hincapié en los nuevos desafíos que el modelo productivo nacional genera para el cuidado del agua. “Los monocultivos forestales, destinados a la industria de la celulosa, ocupan más de un millón de hectáreas del territorio nacional y comprometen las fuentes de agua cercanas. Las plantaciones de árboles consumen gran cantidad de agua, lo que afecta negativamente a otros sectores productivos, como el lechero, rodeados por la forestación. Productores familiares de varios departamentos así lo han denunciado”, expresó la organización uruguaya en su parte de prensa.

La soja también superó el millón de hectáreas en el país y los agrotóxicos usados en los agronegocios en general afectan las fuentes de agua, según denuncian pequeños productores de algunas zonas. Existe preocupación en varias comunidades inclusive por los posibles efectos de esos venenos en su salud.

“El Estado no está realizando estudios para determinar las consecuencias de las nuevas prácticas productivas del país sobre la salud de las poblaciones. Tampoco investiga los efectos en las fuentes de agua”, se lamentó REDES - AT.

De acuerdo a esa organización, que forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional, algunas decisiones del gobierno uruguayo generan aún más dudas sobre el futuro del agua en el país. Los ecologistas están especialmente preocupados por las consecuencias del Contrato de Inversión firmado entre Uruguay y la empresa Montes del Plata (consorcio formado por la compañía chilena Arauco y la sueco finlandesa Stora Enso), que instala una planta de celulosa en la localidad de Punta Pereira, departamento de Colonia. Ese contrato prevé la posibilidad de que Montes del Plata acceda a plantaciones forestales en un radio máximo de 200 kilómetros de Punta Pereira.

El documento dice expresamente que se aprovecharían los suelos 5.02b de aptitud forestal. La Cuenca del Río Santa Lucía abastece de agua al 60 por ciento de la población uruguaya. Según un estudio de REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable, si se resolviera forestar todos los suelos 5.02b la cuenca del Santa Lucía quedaría con el 44,4 por ciento de su superficie bajo el régimen de prioridad forestal. “La posibilidad de cultivar estos suelos sustituyendo la vegetación de praderas por monocultivos forestales estaría comprometiendo seriamente la capacidad de la cuenca de abastecer de agua potable al área metropolitana de Uruguay”, concluyó la investigación.

REDES – AT reiteró la demanda de la CNDAV de que se instrumenten monitoreos por parte de la Universidad de la República de los efectos de los monocultivos y los agrotóxicos en los recursos hídricos. Consideró necesario además que se informe especialmente sobre la situación de los acuíferos Guaraní y Raigón. “Esos estudios deben tener amplia difusión en el conjunto de la población y constituir la base de un debate sobre el presente y futuro de nuestros recursos naturales, y particularmente del agua, bien esencial para la vida”, agregó el comunicado de prensa ecologista.

Varias organizaciones sociales de Uruguay están preocupadas también por la posible implementación en el país de un proyecto minero, lo que ven como otra grave amenaza a las fuentes de agua. “Es hora de que el Estado emprenda todas las acciones necesarias para garantizar que la calidad y cantidad de nuestras aguas no queden comprometidas por el modelo productivo”, cerró REDES – AT.

Foto: http://www.rel-uita.org