Esa es la posición que mantiene la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), y es compartida por el resto de las agrupaciones de base que participaron a finales de la semana pasada en el Encuentro Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos, preparatorio a la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.

Una de las referentes de CONACAMI, Feliciana Amado, aseguró que al gobierno de su país no pareciera importarle qué calidad tiene el agua que consumen generalmente los pueblos originarios.

Los impactos contaminantes de la explotación minera están cambiando la vida de miles de peruanos: “Los ríos ya no tienen peces. La gente del campo pescaba directamente para alimentarse. Esa biodiversidad a nadie le costaba. Allí se cazaba y se alimentaban”, se quejó Amado en una entrevista con la Coordinadora Nacional de Radio.

Las familias rurales peruanas vivían “armoniosamente” con la naturaleza y encontraban en esos recursos sus medios de subsistencia, pero a partir de la llegada al gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, las empresas trasnacionales “llegaron para desalojarnos”, según Amado.

En esa misma línea se expresaron las organizaciones que participaron en el Encuentro Nacional Andino Amazónico, cuyo documento final pide la derogación inmediata del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que ya ha sido declarado inconstitucional por tribunales peruanos.

Según afirman, el Poder Ejecutivo ha cedido a las “presiones” de las compañías transnacionales mineras y petroleras, y ha llegado al extremo de despedir a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que se han opuesto a las concesiones.

Otro frente de lucha de las comunidades está relacionado con el agua. Los grupos firmantes del documento, que difundió la agencia de noticias Adital, están pidiendo la derogación también de la Ley de Recursos Hídricos que, según dicen, “allana el camino” a la privatización de ese vital recurso.