En el video adjunto, producido por la Coordinadora de Unidad Campesina de Guatemala (CUC-Vía Campesina) se pueden ver testimonios de pobladores de Totonicapán que enfrentaron las balas y armas blancas del Ejército el jueves 4 y se encuentran hoy hospitalizados por sus heridas.

“Estábamos manifestando pacíficamente cuando llegaron los antimotines y, así sin diálogo, comenzaron a disparar”, señala uno de los testigos y víctimas de la represión.

La movilización de las comunidades tenía como eje el aumento en las tarifas eléctricas, una reforma constitucional que habilita la militarización del país y la concesión inconsulta de territorios indígenas, así como el rechazo a la reforma educativa de corte privatista.

Reacciones en cadena

El rechazo y reclamo de verdad y justicia sobre los hechos se ha extendido por las distintas redes que acompañan la situación de derechos humanos y ambientales en Guatemala. Este martes, la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI) publicó una resolución en la que manifiesta su rechazo a los hechos de violencia contra las comunidades mayas, así como manifiesta su preocupación por lo sistemático de estas situaciones en el país centroamericano.

“Nos preocupa profundamente la política de represión y seguridad del actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, general retirado del Ejército y egresado de la Escuela de las Américas, que justifica la militarización de los territorios indígenas e insiste en una reforma constitucional que garantice la intervención del Ejército en la seguridad pública. Asimismo repudiamos la estrategia de represión y criminalización de la protesta social en Guatemala. La masacre de Totonicapán se suma a la represión en Santa Cruz Barillas –que también arrojara la muerte de un líder comunitario y 10 presos políticos- a comienzos de mayo de este año y el posterior estado de sitio en el municipio”, dice ATI en su declaración.

Asimismo, la federación ambientalista más importante del planeta señala que la política de “’seguridad’ va de la mano con la política de concesiones de territorios indígenas a empresas para la realización de megaproyectos sin el consentimiento de las poblaciones. Críticas a esta política también formaron parte de los reclamos de los miles de pobladores indígenas que se sumaron a la manifestación del 4 de octubre”.

Desde el sitio en internet de ATI se pueden enviar mensajes de solidaridad y preocupación a distintas instancias estatales de Guatemala, así como a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para Guatemala.

Sistemático

Por su parte, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) también denunció la masacre en Guatemala y colocó en contexto la situación en relación a las prácticas que se llevan adelante en todo el continente: “la represión y criminalización contra los pueblos indígenas recorre todo el continente” señala la CAOI y enumera: “en Colombia asesinan a los defensores de la vida, hay más de treinta pueblos al borde de la extinción física y cultural por efecto del conflicto armado interno y la imposición de megaproyectos en sus territorios. En Ecuador, Bolivia y Perú cientos de líderes y autoridades originarias son procesados judicialmente acusados de graves delitos como terrorismo, sabotaje y secuestro. En Venezuela se denunció el asesinato de ochenta indígenas en septiembre pasado. Y en Chile también son brutales los desalojos contra las comunidades Mapuches que luchan por recuperar sus tierras”.

“Error”

Este lunes 8, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank La Rue, consideró que el uso de militares para resolver conflictos sociales es un "gravísimo error", de acuerdo con lo recogido en un informe de la agencia IPS.

En el mismo reporte se indica que el lunes 8 Pérez Molina pareció tomar nota del rechazo internacional por las acciones sucesivas de violencia en Guatemala, ya que recibió al personal diplomático acreditado ante su gobierno y se comprometió a acatar el fallo de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

La activista indígena Rosalina Tuyuc responsabilizó a Pérez Molina, "porque el Ejército actúa bajo las órdenes del presidente".

"Cuando esto esté aclarado podremos decir que hay confianza en el sistema de justicia, mientras eso no pase, ocurrirá como en otros casos que quedaron en la impunidad", dijo en declaraciones a la citada agencia.

El bloqueo de carreteras “es la única forma de hacernos escuchar", señaló la dirigente indígena.

Vea testimonio de heridos en video adjunto.