En la actividad participan decenas de delegados del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que estima que la puesta en funcionamiento de esas dos represas expulsará de sus hogares a unas cinco mil personas que viven en comunidades ribereñas, y dejará bajo agua unos 500 kilómetros cuadrados de tierra.

En el marco de esta reunión, esta tarde habrá una movilización frente a las obras de Santo Antônio, que lleva adelante el consorcio Santo Antônio Energia, formado por las empresas Odebrecht, Andrade Gutierrez, Siemens, Furnas y Cemig, entre otras.

Mientras el consorcio responsable de las obras publicita los supuestos beneficios que genera el proyecto para la región amazónica, los habitantes del lugar denuncian la otra cara de esta inversión millonaria.

Un artículo de Agencia Brasil recoge testimonios de afectados por la hidroeléctrica que denuncian prácticas violentas de los promotores privados, que habrían llegado al extremo de incendiar viviendas para terminar de expulsar a las familias que no aceptaban el reasentamiento.

Dirigentes del MAB consultados por dicho medio aseguran que los damnificados que ya han sido trasladados a asentamientos precarios aceptaron esa propuesta “por miedo a perderlo todo”. Muchas familias que vivían en la ribera del Madeira no tenían títulos de propiedad porque “siempre vivieron en ese lugar”, y eso fue utilizado por los inversores para no pagar las indemnizaciones.

El MAB denuncia que los afectados por las obras no están consiguiendo sobrevivir en los lugares que les han asignado, ya que son terrenos de piedra en los que no se puede cultivar nada y, curiosamente, las tarifas que allí les cobran por la energía son demasiado altas.

Integrantes del movimiento brasileño mantuvieron la semana pasada una ronda de encuentros con representantes del gobierno, puntualmente con jerarcas del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra). Afirmaron que en todo el país hay más de un millón de personas afectadas por la construcción de hidroeléctricas, según consigna la Radioagencia Noticias do Planalto.

“Infelizmente el gobierno brasileño asumió un compromiso con las grandes empresas. Esas represas sólo tienen un objetivo que es el de generar lucros. Ellas ganan con la construcción de las represas y después en la venta de la energía”, se quejó Marco Antonio Trierveile, coordinador nacional del MAB.