A pesar de que el panorama no es nada alentador para las organizaciones sociales, éstas le pedirán a la nueva administración que respete los pronunciamientos de las consultas populares que rechazaron en varias oportunidades las explotaciones mineras a cielo abierto y la construcción de nuevas represas hidroeléctricas.

Magdalena Sarat, de la organización Conavigua, recordó, en una entrevista para la CLOC-Vía Campesina, que en octubre de 2010 más de 25 mil habitantes de la región de San Miguel Uspatán, en el departamento de Quiché, han rechazado estas industrias extractivas en consultas comunitarias.

“Lo que solicitamos es que las nuevas autoridades respalden la consulta comunitaria, porque estos proyectos afectan grandemente a las comunidades”, dijo otra militante de Quiché, entrevistada para el programa La Voz de los Movimientos.

Por su parte, María Argueta, una campesina que vive en las cercanías del río Copón, contó la experiencia de su comunidad desde que la empresa de capitales italianos Enel resolvió construir la represa Palo Viejo.

“Desde hace dos años que el agua no es cristalina, no se puede lavar, ni tomar esa agua, que está totalmente contaminada”, dijo María en la entrevista para el espacio radial.

Desde hace varios meses, las organizaciones indígenas del lugar, donde también hay otro foco de conflicto por la instalación de la hidroeléctrica Xalalá, denuncian que en el río Copón se encuentran desechos metálicos y de cemento, y que además los responsables de la construcción han amenazado a los pobladores locales que se oponen al emprendimiento.

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