Un caso con estas características fue dado a conocer esta semana por la Coordinación de la Asamblea de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales, que advierte sobre la persecución legal que vienen sufriendo sus principales dirigentes.

Responsabilizan al gobierno por violar la Constitución de la República y leyes fundamentales que protegen el “patrimonio natural” de los pueblos.

“Este Gobierno está consintiendo la presencia de testaferros y técnicos de trasnacionales, quienes entran abusivamente a las comunidades, para preparar la construcción de proyectos privados cuyo único fin es incrementar sus ganancias en nombre de un desarrollo que en nada favorece a los pueblos”, manifestaron en un comunicado, titulado “No permitiremos un preso más ni un asesinato más”.

Todo esto porque hace pocos días cuatro activistas locales (Rubén Herrera, Rony Nicolás, Mauro Méndez y Saúl Méndez) fueron denunciados ante la justicia por la empresa española Hidro Santa Cruz, que pretende instalar una hidroeléctrica en la zona norte de Huhuetenango, que afectaría a la comunidad El paraje Poza Verde, en el municipio de Barillas.

Radio Mundo Real conversó sobre este conflicto con Francisco Mateo, coordinador general de la Asamblea, que aseguró que los representantes de la empresa se instalaron sin el consentimiento de la población, lo que ha provocado “malestar y justificados temores”. “En la comunidad no sabían absolutamente nada de este proyecto. Ellos venían armados y actuaron con prepotencia”, apuntó.