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25 de marzo de 2013 | | | | |

La acción de la gente

Con Feliciano Valencia, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

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El conflicto social y armado que se vive en Colombia desde hace cinco décadas, ha golpeado principalmente a la población rural de ese país suramericano. Las consecuencias del conflicto se han desplegado por el conjunto del cuerpo social, y las comunidades indígenas, por encontrarse en una ruralidad en constante disputa, han sufrido el rigor de una violencia estructural y generalizada.

En la jornada de cierre del Congreso para la Paz del suroccidente colombiano, llevado a cabo del 15 al 17 de marzo en la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, el movimiento indígena presentó sus principales propuestas que serán defendidas en el mes de abril en Bogotá, la capital del país, en el Congreso Nacional para la Paz.

“El movimiento indígena ha venido colocando en el debate varias ideas, primero que se debe terminar la guerra, hay que terminarla porque 50 años más de guerra no los soportamos, es un imperativo que el movimiento se ha fijado”, señaló Feliciano Valencia, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En la entrevista cedida a nuestro corresponsal en Colombia Danilo Urrea*, Valencia agregó que “desde esta perspectiva, los indígenas venimos haciendo varios ejercicios: fortalecer la autonomía, desarrollar los gobiernos propios, organizar y consolidar nuestros organismos de seguridad y control territorial, y juntarnos con otros procesos y organizaciones que luchan por la paz en el país”.

En octubre de 2012 los medios de comunicación de diversas partes del mundo registraron los levantamientos indígenas en el departamento del Cauca, en lo que en ese momento fue denominado “Las jornadas de liberación de la madre tierra”. Los indígenas caucanos expulsaron a las fuerzas militares y grupos armados de los cerros que las comunidades consideran sagrados. También manifestaron que estas acciones constituían hechos de paz, y hacían parte de la construcción de una propuesta de país con justicia social. Actualmente, para el movimiento indígena, afirmó Valencia, “una de las conclusiones está diciendo que hay que seguirnos uniendo en una especie de movimiento nacional por la paz, porque esto tenemos que apropiárnoslo, qué tal que en La Habana no pase nada y que el conflicto siga, la pregunta es ¿y vamos a dejar eso así?, o somos capaces de incidir para obligar a que los actores de la guerra se sienten a terminarla y nos permitan a nosotros construir la paz”.

Además de las tensiones que se viven con los actores armados del conflicto, en regiones como el suroccidente colombiano existen también diferencias entre los sectores indígena, afrodescendiente y campesino. Las diferencias se han dado por posturas de los mismos sectores frente a las tierras y el terrotorio, y agenciadas generalmente por el gobierno en términos de la política agraria. Frente a esta situación Valencia expresó que “tenemos que hacer ejercicios de superación de las tensiones internas”. “Si queremos hablar de paz empecemos por nosotros, esos son los acuerdos políticos de carácter interétnico e intercultural como lo está proponiendo el CRIC, porque no podemos seguir enfrentados y haciendo un discurso de paz […]. Finalmente, nosotros estamos diciendo que el tema de la paz tenemos que sacarlo también del contexto colombiano y ponerlo a conversar con otros procesos que se están dando en el vecindario, con otros pueblos, e incluso con los otros gobiernos y cómo ellos han ido superando la desigualdad y los problemas estructurales”, agregó el dirigente.

Simultáneamente a la realización del Congreso para la Paz del suroccidente colombiano, el 16 de marzo en el departamento de Antioquia fueron detenidas 84 personas pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos, mientras se encontraban en pacífica protesta por las afectaciones del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. A 12 de ellas se les intentó judicializar bajo el cargo de obstrucción de vía pública, que en Colombia puede generar una condena de cuatro años de prisión en el marco de la ley de seguridad ciudadana decretada por el ex presidente derechista Álvaro Uribe Vélez. El Congreso de los Pueblos y el Congreso para la Paz del suroccidente colombiano emitieron un pronunciamiento exigiendo la libertad inmediata de las y los detenidos y la garantía del derecho a la protesta y la libre expresión. Al respecto, y en relación al conflicto nacional que se vive por el modelo minero-energético, Valencia afirmó que “lo que está sucediendo, no sólamente en Antioquia, es lo que sucede en muchas otras regiones cuando nos decidimos a defender el territorio, el movimiento ambientalista por un lado está defendiendo el territorio, y, por el otro, dilucidando propuestas alternativas respecto al modelo ambiental respetuoso, garantista y sobre todo cuidadoso de la madre tierra”. “Y claro que eso choca con lo que el gobierno viene planteando, y claro que nos van a reprimir y nos van a criminalizar porque esa es la ley que ellos crearon”, agregó.

Frente a los riesgos de criminalización a las y los defensores de la naturaleza, y la delicada y compleja situación territorial que se vive en Colombia, “necesitamos juntarnos y aliarnos más respecto a cómo nos vamos a autoproteger para no ser víctimas de esa política de criminalización de la protesta social”, manifestó Valencia. “Acá salió una idea de cómo crear la guardia más allá de lo indígena, cómo crear la guardia campesina, la guardia popular, la guardia estudiantil, hasta deberíamos pensar en la guardia ambientalista, los cuidadores del territorio. Eso tenemos que hacerlo porque ahí vamos ganando en autonomía y autocontrol”, concluyó el dirigente indígena.

* Danilo Urrea es integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.

Foto: upublicaresiste.blogspot.com

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