En Perú, como en otros países latinoamericanos, todavía ese tipo de abusos pasan a ser analizados directamente por los juzgados militares, lo que generalmente termina dejando impunes las denuncias que se presentan tras episodios con estas características.

“Todo esto constituye una amenaza y afectación seria al derecho a la protesta y a la libertad de reunión de los ciudadanos peruanos”, denunció la semana pasada la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI).

La organización ha cuestionado la política de “sistemática criminalización” de los derechos de los pueblos indígenas por parte de la administración del derechista Alan García, que ha provocado que cientos de líderes comunales y regionales hayan sido procesados judicialmente, ellos sí en tribunales ordinarios, por defender sus territorios, cuencas de agua y bienes naturales.

La CONACAMI presentó estas denuncias en el marco del Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrolló días atrás en el Museo de la Nación, en Lima, la capital del país.

Allí los abogados de la organización salieron al cruce de las “constantes modificaciones” introducidas en materia legislativa con el propósito de perseguir a los líderes del movimiento social, según consta en el sitio de Internet de la CONACAMI.

Todas estas advertencias se dan en paralelo a un fuerte incremento de la protesta social. El objetivo de grupos como la CONACAMI es que el Poder Ejecutivo impulse zonas libres de minería y también reclaman otras políticas vinculadas a la preservación de áreas naturales.

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