La redAJ ofrece talleres para saber cómo actuar ante un hecho de represión y advierte a las poblaciones sobre el derecho que tienen a ser consultadas «cuando se trata de instalar un proyecto de gran envergadura y con las consecuencias que tiene para el medio ambiente», explica Romina Tello Cortez, una de las abogadas que integra el espacio.

«Sobre todo ―añade― en lo relativo a la criminalización de la protesta, que es el problema más urgente a cubrir en estos casos».

La socialización de información técnica y un mapeo de las instancias que ofrece el Estado para iniciar reclamos a nivel local, nacional e internacional, en lo referente a minería, son algunas de las metas de la red.

En el interior del país, para los asambleístas no es sencillo acceder a los abogados. En muchos casos, éstos tienen relaciones ligadas al poder político o empresario, cuenta Tello Cortez, «por lo cual no se presentan como personas confiables para depositar en ellos la resolución de este tipo de conflictos».

Sin embargo, la especialista reconoce que la vía judicial o administrativa puede tener «tiempos que no responden a las necesidades de las asambleas», y que muchas veces los reclamos «terminan en la nada».

Y agrega: «El problema no pasa solamente por lo jurídico, sino por que tengamos conciencia de que tenemos que presionar por otros lados».

«El Poder Judicial está muy lejos de conocer las necesidades de la población ―advierte Tello Cortez―. Si las conoce y hace oídos sordos, opta por, de alguna manera, ser cómplice o ceder ante las presiones de estas empresas».

Por estas razones, sostiene, la herramienta jurídica no tiene que ser la principal en los procesos de lucha. «Puede ir apoyando otro tipo de medidas tomadas por las asambleas, sobre todo las que tiendan a consolidar la democracia directa», afirma.

En Argentina, activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con nuestros corresponsales a través del correo electrónico.

Foto: http://chubutcontaminada.blogspot.com/