El pasado domingo, como cada año desde 1995, la asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y una larga lista de convocantes, realizó la “marcha del silencio” por la principal avenida capitalina, reclamando el esclarecimiento del destino de un centenar de uruguayos y uruguayas detenidos durante el régimen militar y que permanecen, hasta hoy, desaparecidos.

La fecha recuerda la aparición en Buenos Aires, un 20 de mayo de 1976, de los cuerpos acribillados de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores uruguayos ultimados en la otra orilla por parte de un comando de militares coordinado con los uniformados argentinos en el marco del conocido “Plan Cóndor”. En dicho “operativo” también fueron asesinados Rosario Barredo y William Whitelaw, integrantes de la resistencia a la dictadura en ese momento exiliados en Argentina, como miles de uruguayos y uruguayas.

La fecha, paradójicamente, coincide con el nacimiento del actual presidente uruguayo José Mujica, quien a pesar de contar con una mayoría absoluta del Parlamento, no ha logrado en más de dos años de gestión perforar las leyes que resguardan la impunidad para los responsables de las desapariciones, muchos de los cuales permanecen en libertad y en absoluto silencio.

Sin embargo, a partir de los recientes hallazgos de restos de detenidos desaparecidos en las cercanías de cuarteles militares, tras un intenso trabajo por parte de antropólogos forenses universitarios que trabajan casi sin pistas oficiales, el pacto de secreto de parte de los ex represores parece comenzar a quebrarse.

En el último semestre, fue encontrado el cuerpo del maestro Julio Castro, secuestrado a los 68 años de edad y torturado hasta la muerte. Asimismo, en el mismo predio militar del Batallón 14 se hallaron restos que luego permitieron identificar el cadáver de Ricardo Blanco Valiente, integrante del Partido Comunista Revolucionario y oriundo de la ciudad de Mercedes.

Estos hallazgos han sido el disparador para nuevas investigaciones de uniformados hoy retirados por parte del sistema judicial, aunque se reclama una actitud más activa del gobierno al respecto.

En ese sentido, un desafío cercano es la instalación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos recientemente creado por la vía legal, así como lo que se anuncia para el próximo 4 de junio en cuanto al reconocimiento por parte del Estado de la “responsabilidad institucional” de las violaciones a estos derechos durante el régimen dictatorial.

La marcha fue, como cada año, en absoluto silencio, sólo rasgado por la enumeración de los nombres de quienes figuran como desaparecidos, aún aquellos que como Castro y Perrini formalmente ya no lo son, seguido de un “presente” de parte de los participantes de la marcha. Al llegar a la Plaza Libertad, la multitud entonó el Himno Nacional, con especial énfasis en la estrofa en que se dice “Tiranos temblad”. Esas dos palabras fueron la metáfora de resistencia a la tiranía durante la larga dictadura castrense.

La movilización anual en Uruguay, tiene lugar a escasos días de que en Brasil, que también sufrió una extensa dictadura cívico-militar entre 1964 y 1985, organizaciones juveniles han iniciado un trabajo de denuncia e identificación de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Esto ha hecho que la presidenta Dilma Roussef conformara el pasado 16 de mayo una Comisión de la Verdad encargada de elaborar un informe sobre el terrorismo de Estado en ese país en un amplio período histórico: de 1946 a 1988.

Fotos: Nairí Aharonián (FB) y Rebelarte.info