El Tribunal Regional Federal de la 1era Región (TRF1) acogió una apelación de la fiscalía del estado de Pará, donde se construye la tercera mayor hidroeléctrica del mundo.

Los trabajos de construcción deberán detenerse hasta tanto las comunidades afectadas sean escuchadas en el Congreso, según indica el fallo citado por agencias internacionales en los últimos días.

Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país), Belo Monte está destinada a ser la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, detrás de Tres Gargantas, en China, e Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay.

La justicia también dispuso una multa del entorno de los 250.000 dólares por cada día de continuación de obras desacatando el fallo.

El proyecto está valorado en unos 13.000 millones de dólares y prevé la inundación de 502 kilómetros cuadrados, además del desvío del río Xingú.

La aprobación del proyecto proviene del año 2005 y las obras comenzaron el pasado 2011 y son respaldadas por la propia mandataria brasileña. Sin embargo, los movimientos sociales brasileños, en especial las comunidades Xingú y el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués) han rechazado por diversas formas esta construcción señalando que la energía que generará Belo Monte está destinada a industrias extractivas y no a mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Al respecto dialogamos con el integrante del MAB, Rogerio Hohn, quien se encuentra asentado en el estado de Pará y ha seguido de cerca el proceso de resistencia a esta mega-represa.

“Para nosotros la decisión es muy buena y estimula la lucha. Son más de treinta aldeas indígenas que están involucradas en esta afectación. La energía que allí se produzca no va a servir para desarrollar la región ni el país. El primer gran interés que existe es de las grandes constructoras. Otra cuestión es la venta de la energía: hicimos un cálculo que la represa va a costar 30 mil millones de reales y en treinta años va a vender energía por 90 mil millones de reales”, señaló Rogerio.

El activista señaló que pese a su porte, la represa no va a abaratar la energía para la población brasileña que en la actualidad paga la quinta tarifa más cara del mundo por concepto de energía eléctrica.

Sobre la decisión judicial, Rogerio la consideró “importante pero no definitiva dado que las leyes no nos posibilitan demasiados avances. Los intereses por esta construcción son muy grandes. Desde el MAB seguimos en la tarea de organización y presión popular en la lucha por los derechos de las poblaciones”, concluyó.