La decisión de esta comisión creada por la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobrevino luego de dos décadas de bloqueo por parte de empresas comercializadoras de transgénicos como Monsanto, Bayer, Pioneer Dupont, Dow y otras, protegidas por el gobierno de Estados Unidos.

Estas empresas sostienen que son los alimentos orgánicos y libres de transgénicos los que deberían ser etiquetados argumentando que los consumidores tienen prejuicios contra los transgénicos, y que la identificación de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) elevaría los costos empresariales.

La Comisión del Codex Alimentarius, integrada por organismos reguladores sobre la seguridad de los alimentos, lleva más de dos décadas tratando de resolver este tema. La delegación de Washington que hasta ahora había obstruido todo acuerdo en favor del etiquetado, ahora cambió de posición.

No hay aún información oficial sobre las razones de este vuelco, aunque en el mundo cada vez hay más ciudadanos informados de los dañinos impactos de los transgénicos en la salud humana y en el ambiente, a partir de estudios en animales de laboratorio.

Recientemente en Canadá, en una investigación que se llevó a cabo con madres embarazadas que consumen maíz transgénico, se descubrieron vestigios de la proteína Cryab1 –la toxina bt insecticida del maíz transgénico– en la sangre de las madres y sus fetos.

En Estados Unidos no se etiquetan los transgénicos, al contrario de lo que ocurre en Europa y en Brasil.

El pasado martes 5 de julio, durante la cumbre anual del Codex en Ginebra, la delegación de EE.UU. retiró su oposición al documento de orientación del etiquetado a los OGM, por lo que el acuerdo se convertirá en un texto oficial del Codex.

De esta manera, cualquier país que etiquete los transgénicos ya no enfrentará la amenaza de una demanda legal de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esto se debe a que las medidas nacionales adoptadas sobre la base de orientaciones y normas del Codex no pueden ser impugnadas como barreras al comercio.

En países en que la tecnología transgénica ha tenido un fuerte impulso, ni siquiera se había obtenido el beneplácito oficial para hacer que los alimentos que contengan OGM fueran identificados como tales ante los consumidores. Tal es el caso de Uruguay, con un millón de hectáreas de soja transgénica en la última campaña. O de Argentina, con 16 millones de hectáreas y en expansión.

Esta decisión multilateral parece reducir el espacio a la engañosa omisión, al tiempo que permite un mejor monitoreo de los efectos de estos productos de la bioingeniería sobre la salud. Al no contar con un etiquetado obligatorio, resultaba muy engorroso evaluar sus efectos concretos a nivel masivo.

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