El 13 de febrero se realizó el lanzamiento del libro Minería, Territorio y Conflicto en Colombia, en la Universidad Nacional de la capital de ese país suramericano. Las más de 500 páginas de ese documento de reflexión interdisciplinaria hacen parte de un ejercicio de diferentes organizaciones y comunidades del país que desde hace más de un año han generado encuentros, foros, debates, e intercambios frente a la actividad extractiva y en particular frente al proyecto minero nacional y trasnacional que se impone en Colombia.

El auditorio “Camilo Torres” de la Facultad de Derecho de la citada universidad acogió a más de 500 personas que se hicieron presentes para escuchar las reflexiones que sobre el libro hicieron importantes catedráticos y activistas del país.

La elaboración de este trabajo de investigación y análisis fue coordinada por CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y la Pataforma Colombiana de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Radio Mundo Real, a través de su corresponsal Danilo Urrea, se hizo presente en la capital colombiana y dialogó con Francisco Ramírez Cuellar, uno de los invitados para la presentación del libro. El abogado colombiano, conocedor de la relación entre minería y derechos humanos, señaló que “el pueblo colombiano tiene que alistarse o seguir en la lucha diaria porque las compañías van a seguir violando derechos humanos y van a querer sacar a todo mundo del territorio para seguir explotando los recursos”.

Francisco Ramírez Cuellar ha sido uno de los abogados y activistas que han impulsado las demandas por los crímenes contra sindicalistas y población colombiana que según él han sido determinados por las compañías trasnacionales. Estas demandas se han hecho en la jurisdicción civil norteamericana.

Entre las demandas que se encuentran hoy en curso están dos contra la Drummond Company Inc. por el asesinato de tres sindicalistas y 600 personas, contra la Occidental Petroleum por el bombardeo a Santo Domingo y el asesinato de tres sindicalistas en Caño Seco, estos dos últimos casos en el departamento de Arauca. También se ha presentado una demanda a la Bristish Petroleum por el secuestro del sindicalista Gilberto Torres en el Departamento de Casanare.

Asimismo, Ramírez Cuellar expresó que “ahora vamos a presentar una demanda contra El Cerrejon -empresa que tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande de Colombia en el departamento de La Guajira- por el asesinato de ocho personas (seis asesinadas y dos desaparecidas), posteriormente a British Petroleum y Perenco Oil and Gas por la desaparición forzada de 2500 personas”.

Por otro lado, el abogado se lamentó de la ausencia de legislación en Europa para perseguir los crímenes de las multinacionales. “Europa toda su vida ha vivido del crimen y no va a crear legislación para reprimir las corporaciones cuando sabe que ellas a través del crimen sustentan su desarrollo económico”, precisó.

Causa-efecto

Uno de los temas que llamó la atención en la presentación de Ramírez Cuellar es la relación que hace entre la presencia trasnacional en Colombia y la creación de grupos paramilitares.

Al respecto, el abogado expresó que “hemos tenido la posibilidad de hablar con militares y paramilitares, y fundamentalmente con mercenarios que son los que vienen a crear las escuelas, y ellos abiertamente dicen que la operación militar/paramilitar es una consecuencia lógica de la presencia trasnacional, así de sencillo”.

Respecto a la situación actual de los defensores de la naturaleza en un contexto tan complejo como el colombiano “nos toca respaldarnos muy bien porque el tema no es fácil, aquí en promedio asesina a un sindicalista cada tres días, un indígena cada cinco, un afro casi que cada día en las zonas donde tienen presencia, es una situación a confrontar por múltiples puertas” sentenció el abogado.

El jurista colombiano, que adelantó la presentación de demandas también ante los estrados judiciales británicos por la actuación de empresas de dicho origen, definió claramente los atropellos de las corporaciones como “crímenes de guerra” y cono ejemplo señaló que el 35 por ciento del presupuesto (“visible”) del Ministerio de Defensa colombiano está destinada a “dar protección a las corporaciones”.

Foto: actualidad.orange.es