Asimismo, unos 30 manifestantes se reunieron fuera del edificio donde se realizó la asamblea general anual de Stora Enso en Helsinski (capital de Finlandia), el 31 de marzo, y acusaron a la compañía de violar los derechos humanos en varios Estados y de realizar prácticas de “lavado verde”.

Advirtieron a los accionistas de la compañía que los monocultivos forestales son una amenaza para la vida de los pequeños productores y la soberanía alimentaria en países como Brasil y Uruguay. Dos de los activistas subieron a una torre al lado del centro de conferencias y desplegaron una bandera denunciando las mentiras de Stora Enso.

Las organizaciones representantes de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, especialmente REDES y NAT, de Uruguay y Brasil respectivamente, y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), también brasileño, aprovecharon la instancia para que se divulgara una declaración con sus denuncias y reclamos.

“Empresas transnacionales de la celulosa, como Stora Enso, se han lanzado en un nuevo y ambicioso ciclo de ocupación territorial a través de las plantaciones forestales para la producción de celulosa en el Cono Sur, un proceso alineado con la agresiva estrategia de la Unión Europea de acceso al comercio de bienes naturales conocida como Europa Global”, empieza diciendo la declaración.

El documento explicita la operativa de las corporaciones forestales y celulósicas en Brasil y Uruguay particularmente, pero también en Argentina y Paraguay, sus estrategias publicitarias, su influencia en los representantes políticos, en las autoridades de la enseñanza y en los medios de comunicación. También habla de los crímenes de algunas de esas empresas, sus actividades ilegales y de los impactos ambientales, sociales y culturales de los monocultivos forestales en América Latina.

Las agrupaciones firmantes alertan sobre la criminalización de los movimientos sociales que luchan en defensa de la soberanía sobre sus territorios, y sobre el proceso de militarización y formación de milicias armadas que trabajan para las empresas y restringen la libre circulación de los campesinos.

Por su parte, los movimientos y organizaciones sociales demandan una moratoria a la expansión de nuevas áreas de plantaciones y a la instalación de fábricas de celulosa en la región, y que se detenga y revierta el proceso de extracción de los territorios al servicio de la estrategia Europa Global para el beneficio de sus empresas.

Piden también la reducción de consumo de papel en el Norte, que el Sur no reproduzca los mismos patrones de producción y consumo, que se reparen los ecosistemas afectados y que se enjuicie y castigue a las empresas de la forestación y celulosa por sus crímenes ambientales y su violación de los derechos humanos.

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