El pasado 12 de diciembre múltiples de organizaciones ambientales, estudiantiles y campesinas de Costa Rica integrados en el Bloque Verde marcharon por la ciudad capital para entregar un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional del Poder Judicial para que la información sobre la liberación de transgénicos al ambiente deje de ser secreta.

El recurso de amparo pretende impugnar el reglamento de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), ente encargado de tramitar las peticiones de liberación de organismos genéticamente modificados, caracterizado por limitar el acceso a la información y la participación dentro de las discusiones al respecto de la entrada de este tipo de semillas.

Esta acción es parte de una gran jornada de movilización y de acciones “En Defensa de Nuestro Maíz”. Campaña que el sector ambiental lanzó con la caminata desde el territorios indígena de Matambú hasta la capital costarricense, recorriendo más de 200 kilómetros en una jornada de difusión de información y acción contra la liberación de cuatro variedades de maíz patentadas por la transnacional Monsanto derivadas de las tecnologías denominadas BT y RoundupReady (RR), entre estas la famosa variedad mon-603. La caminata se desarrolló durante casi dos semanas entre el 24 de noviembre y el 2 de diciembre.

Al día siguiente de la llegada de los caminantes, el lunes 3 de diciembre, cientos de personas protestaron ante las oficinas de la CTNBio en contra de la petición de plantar cuatro variedades de maíz trangénico patentadas la transnacional Delta & Pine Land Ltda., subsidiaria de Monsanto.

Esta misma compañía fue catalogada en 2006 como una de las 20 empresas más irresponsables del planeta y culpable de cientos de casos de grave contaminación en comunidades. Sobresale el caso de la comunidad de Rincon’í, contaminada en 1998 por más de 660 toneladas de semilla se algodón transgénico inerte contaminadas con agrotóxicos sin consentimiento previo de esta comunidad.

En la sesión de la CTNBio del pasado 3 de diciembre, este ente estatal tico decidió posponer la decisión debido a la presión de múltiples sectores sociales, ambientales y académicos que presentaron pruebas y documentos en contra de la petitoria de Delta & Pine Land de sembrar maíz modificado genéticamente en el cantón de Avangares de la provincia de Puntarenas.

Este poblado cuenta además con una declaratoria municipal como “cantón libre de transgénicos” desde el 2007.

Debido a esta extensión del plazo para tomar la decisión en este ente de Ministerio de Agricultura y Ganadería, el movimiento ambiental costarricense presentó el pasado 12 de diciembre un recurso de inconstitucionalidad en contra del reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria que regula la CTNBio y la adjudicación de dichos permisos.

Radio Mundo Real entrevistó a José María Villalta diputado del partido Frente Amplio y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad al momento de la entrega el documento en los Tribunales de Justicia costarricenses.

El escrito cuenta con argumentos tanto legales como técnicos, en contra no solo de la liberación de OGMs en general, sino de la forma en que se vienen tramitando dichos permisos.

Al respecto Villalta apuntó que este reglamento se está cuestionando porque no brinda las garantías ambientales mínimas para la protección a la biodiversidad como lo es la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la restricción al acceso a la información al respecto de dichos permisos.

“No cumple con la ley, la Constitución ni con algunos tratados internacionales respecto a la necesidad de que este tipo de actividades deberían de contar con un EIA debidamente presentado ante otras instancias como Secretaria Técnica Nacional Ambiental. Otra de las graves irregularidades que tiene el mecanismo que usan para otorgar estos permisos es la cláusula donde denominan como secreta toda la información que las compañías presentan a la CTNBio”.

El legislador menciona que esto lesiona la el derecho a la participación ciudadana en temas de ámbitos ambientales estipulados por la misma constitución política.

La campaña tica se engarza con las ya existentes en la región mesoamérica, zona de origen del maíz, contra la introducción de variedades transgénicas que, por cruzamiento, harían perder la riqueza fito genética con consecuencias inconmensurables a mediano y largo plazo.

Foto: movilización frente al Comité de Bio Seguridad, el viernes 12 (Henry Picado-Coecoceiba-AT Costa Rica)