En el marco de la medida, que los pobladores sostenían debido a que rechazaban la actividad minera y petrolera por considerarla contaminante, se habían bloqueado importantes carreteras -como la binacional, que conecta a Perú con Bolivia- y se había tomado el aeropuerto de Juliaca.

Allí, en enfrentamientos con la policía y el Ejército el pasado viernes, murieron según las diferentes agencias nacionales e internacionales entre tres y cinco personas. Además, alrededor de 15 fueron heridas en estos enfrentamientos (en su mayoría, de bala), provocados por la represión de la protesta ejercida por los efectivos policiales y militares.

Precisamente, en solidaridad con los fallecidos y heridos el 24 de junio, el gobierno regional de Puno decretó Duelo Regional los días 25, 26 y 27 de este mes. Posteriormente, el Ejecutivo peruano derogó el Decreto Supremo Nº 083-2007, poniendo fin al cuestionado proyecto minero Santa Ana y garantizando la aplicación del procedimiento de Consulta Previa para las actividades mineras y petroleras ubicadas en Puno.

De esta forma, se fue cimentando la salida del conflicto, que finalizó luego de que los dirigentes de la protesta llegaran a varios acuerdos con los representantes del gobierno de Alan García, que se ha caracterizado por su represión violenta de los reclamos sociales en el pasado.

Por otra parte, si bien se puso un alto a las medidas de fuerza, el dirigente social Walter Aduviri señaló que discutirá con el gobierno del presidente electo Ollanta Humala la revisión de las concesiones mineras en todo el departamento de Puno, informó la agencia DPA.

"Le daremos un plazo para que trabaje este caso y el Congreso saque la ley de consulta. El plazo terminará el 30 de agosto", señaló Aduviri, según informó dicha agencia.

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