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28 de noviembre de 2012 | | | |

No pueden hacer oídos sordos

Ecos del juicio ético al Parlamento paraguayo: durísimas acusaciones de abogada contra los tres poderes del Estado

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Los congresistas paraguayos, salvo unos pocos, “una vez que dejen sus bancas, porque ahora se protegen por sus fueros, tienen que ser sometidos a la justicia porque han violado realmente la Constitución, todos los principios de la responsabilidad institucional en el cargo”, dijo la abogada Milena Pereira, de la organización paraguaya BASE Investigaciones Sociales (BASE IS).

La especialista en derechos humanos, que formó parte del equipo técnico que presentó los cargos contra el Congreso paraguayo en el Juicio Ético Oral y Público que se le realizó el 22 de noviembre, destacó que ese Parlamento “viola el pilar de la tradición republicana, que es el principio de que el interés general debe primar sobre el interés particular y que está consagrado expresamente en la Constitución nacional, literalmente”.

“El Tribunal Ético parte su razonamiento tomando esa afrimación que nosotros habíamos hecho y probado. (...) Y dice que a lo largo de toda su gestión el Parlamento ha violado sistemáticamente la Constitución nacional”, agregó Pereira en entrevista con Radio Mundo Real.

La abogada fue entrevistada para conocer los pormenores del juicio ético y los detalles del fallo del Tribunal. Pero además la especialista hizo gala de su dominio de la realidad política, social y judicial de su país, para ilustrarnos sobre varios puntos en una extensa charla.

La Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia de Paraguay realizó el 22 de noviembre la fase final del juicio ético al Parlamento en la Plaza de la Democracia de la capital del país, Asunción. La jornada dio continuidad al proceso iniciado el 22 de agosto, cuando las organizaciones sociales presentaron ante el Tribunal Ético una denuncia formal contra el Congreso.

No se trató de un juicio vinculante, que implicara obligaciones jurídicas, pero el procedimiento respetó todas las garantías de un proceso judicial, según informara la agencia Adital antes de la instancia del pasado jueves. De hecho, el Congreso Nacional tuvo la posibilidad de defenderse a través de un abogado.

El Tribunal que debía fallar sobre el caso fue presidido por un ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lezcano Claude, e integrado por prominentes juristas, investigadores e historiadores del país.

En la charla con Radio Mundo Real Pereira se lamentó porque las consecuencias de los actos y decisiones institucionales del “Parlamento golpista” son “demasiado graves y dañinas para nuestro pueblo”, (...) “y para una sociedad que estaba empezando a dar sus primeros pasos hacia una transición democrática”.

La integrante de BASE IS explicó que a partir del 22 de junio, cuando el golpe de Estado parlamentario derrocó al presidente constitucional Fernando Lugo, Paraguay vive “prácticamente en un estado de inexistencia de la Constitución, (...) de no vigencia del Estado de Derecho”.

Además, la abogada resaltó especialmente la llamada “masacre de Curuguaty” del 15 de junio, cuando 11 campesinos sin tierra fueron asesinados durante un operativo policial de desalojo de su ocupación del predio “Marina Cué”, situado a unos 35 kilómetros de la ciudad de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú. Seis policías también fueron ultimados. Más de 50 sin tierra fueron imputados y hubo 12 detenidos. El gobierno golpista ha hecho poco y nada por aclarar ese caso, que tiene denuncias inclusive de que hubo en el predio personas infiltradas con armas de grueso calibre que empezaron la balacera. Varios de los sin tierra presos, en la cárcel de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú, realizaron en las últimas semanas una huelga de hambre en reclamo de su libertad. Varios llegaron al extremo de que sus vidas corrieran peligro. La presión de las organizaciones sociales paraguayas y de las manifestaciones populares en varios partes del país llevaron a que los últimos cuatro huelguistas recibieran atención especial y se les haya dictaminado presión domiciliaria. Pereira resaltó todos los atropellos que sufrieron los campesinos de Marina Cué y destacó como un triunfo que se atienda a los huelguistas y se les haya dado prisión domiciliaria.

Luego la abogada siguió su arremetida contra el Parlamento y otros poderes del Estado. “Tenemos un Congreso de la Nación con una mayoría aplastante, golpista, que sostiene a una Corte Suprema de Justicia subordinada (...), una Corte que prevarica, es decir, que ha derogado parte de la Constitución nacional, saliendo del control de la Contraloría General de la República para poder ejercer actos de corrupción a su gusto”, fustigó la especialista.

Además, con “un Poder Ejecutivo hoy de facto”, se configura “una situación prácticamente de completa desprotección de la ciudadanía, y mucho más de los sectores empobrecidos y que son víctimas de las violaciones más graves de derechos”, agregó.

Más de lleno en el veredicto del Tribunal Ético, Pereira subrayó que la condena declara a los parlamentarios “personas no gratas”, al tiempo que los emplaza a conformar una comisión bicameral para investigar lo ocurrido en Curuguaty. También los emplaza a crear de urgencia una comisión interinstitucional para solucionar los conflictos territoriales que afectan a las comunidades indígenas. “Y hay algo muy fuerte, que ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señaló Pereira, el Tribunal “dice que la política que está siguiendo el Congreso es una política genocida hacia las comunidades indígenas, (...) y que debe conformarse de urgencia una comisión para atender esto”.

La integrante de BASE IS manifestó que el fallo del Tribunal es “muy fuerte y taxativo” al señalar que el Parlamento ha aprovechado un episodio trágico, como la masacre de Curuguaty, para deponer inconstitucionalmente al presidente Lugo.

Pereira terminó diciendo que existe voluntad de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia de Paraguay de proseguir estos procesos de control ciudadano a los principales poderes del Estado. Podrían haber nuevos juicios éticos. “Ojalá se vuelva a hacer próximamente alguno porque tenemos para elegir, tanto el Poder Ejecutivo de facto, como el Poder Judicial y una Corte Suprema de Justicia en particular flagrantemente hoy delictiva, y también un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, cuyos integrantes deberían haber sido destituidos de sus cargos por juicios políticos hace años, por citar algunos casos”, fustigó la abogada.

Foto: http://www.telesurtv.net

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