Organizaciones indígenas, sociales y ecologistas de Panamá han ido movilizándose contra los megaproyectos como son la minería y las represas.

Por ello, el gobierno de Panamá promueve la Ley 30 o “Ley Cárcel” que busca criminalizar la protesta y el movimiento social en el país. Miles de trabajadores se movilizaron para exigir que se derogue dicha ley y fueron reprimidos violentamente.

Ante esta situación se conformó una Caravana Internacional Solidaria de observación y denuncia que está partiendo este miércoles 28 de julio para arribar a la ciudad de Panamá el 12 de agosto próximo nos comenta Eduardo Cuesta, miembro de la organización Asociación Catalana por la Paz, que coordina esta delegación.

El derrotero de esta caravana, que podrá seguirse a través del blog diseñado a tal efecto, incluirá Guatemala, Honduras, Nicaragua y estará arribando a Panamá donde tendrá lugar el grueso de las actividades.

En tanto en el istmo, funcionarios del gobierno panameño encabezado por Martinelli enfrentan denuncias de organizaciones sociales por la actuación de la fuerza pública en la provincia de Bocas del Toro, escenario reciente de enfrentamientos entre obreros bananeros y la Policía Nacional precisamente por la aplicación de la normativa antisindical.

La Procuraduría General de la Nación recibió los reclamos para investigar a los ministros de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, y de Trabajo, Alma Cortés.

Una de las querellas fue presentada por la Secretaría de Asuntos Indígenas del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) por la supuesta violación de los Derechos Humanos. Asimismo, el Movimiento de la Juventud Popular de la Universidad de Panamá añadió la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones personales, reportan las agencias internacionales desde la capital panameña.

A las demandas se sumaron juristas del movimiento Unión de los Pueblos, en representación de miembros de las comunidades indígenas de Bocas del Toro.

El balance oficial de las protestas en la ciudad de Changuinola da cuenta de dos víctimas fatales entre los manifestantes y más de un centenar de heridos, muchos de ellos con lesiones en los órganos visuales debido al empleo de perdigones por la Policía Nacional.

Sin embargo, los datos de entidades independientes sitúan entre seis y ocho los decesos durante los enfrentamientos.

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