Sin embargo, los impulsores del megaproyecto en la cuenca baja del río Sinú, entre ellos el ministerio de Minas y Energía, apelarán la decisión ministerial ante el Consejo de Estado.

“Es una batalla ganada, pero no hemos terminado con todo el asunto”, advirtió Juan José Lopez Negrete, coordinador de proyectos de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig), la principal referencia local en la lucha contra las hidroeléctricas.

A pesar de que han tomado la resolución de la cartera de Medio Ambiente con mucho entusiasmo, los habitantes del Sinú no bajarán la guardia y seguirán atentos ante una inevitable nueva arremetida de los promotores de Urrá.

Es que la experiencia más reciente no es nada alentadora: la primera fase de Urrá provocó una tragedia ambiental que perjudicó a miles de campesinos, pescadores y comunidades indígenas embera katío.

“El proyecto Urrá ha puesto en riesgo la riqueza en biodiversidad de toda la cuenca hidrográfica y la armonía de las comunidades locales con ecosistemas que son fundamentales para el equilibrio del planeta”, apunta López Negrete.

Los datos que maneja la Asprocig son elocuentes y grafican qué tipo de modelo representan las hidroeléctricas. Las 63 mil hectáreas de humedales que se perdieron con Urrá I están siendo utilizadas para monocultivos de algodón y maíz transgénico.

Además, las capturas pesqueras que eran vitales para la alimentación de las comunidades cayeron un 80 por ciento y el estancamiento de las aguas trajo como consecuencia la aparición de nuevas enfermedades, entre ellas la malaria y diferentes afecciones gastrointestinales.

En otro orden, el informe del Ministerio de Ambiente colombiano señala, al momento de justificar la inconveniencia de entregar la licencia ambiental, que otro proyecto hidroeléctrico, El Quimbo, inundará 8000 hectáreas para producir unos 400 MW, mientras que Urrá II pretendía inundar 54 mil hectáreas para 350 MW.

López Negrete entiende que esta lógica de contrastar energía generada y territorios inundados es “absolutamente economicista”, y no tiene en cuenta que Colombia tiene actualmente un excedente energético (la mayoría de la producción de Urrá es para la exportación).

En este caso, para el dirigente de Asprocig, el principal aspecto a tener en cuenta es qué sucederá con las 400 mil hectáreas de humedales de la cuenca hidrográfica del río Sinú, una zona sumamente atractiva para los grandes industriales colombianos.

“Lo que está en juego es el control del caudal del río y no para beneficiar a los pobres con el control de las inundaciones, como ellos dicen, sino controlar el territorio para montar enclaves exportadores”, concluye el dirigente.