El gobierno se compromete a asegurar el retorno de Zelaya al país y a velar por el respeto a los derechos humanos. De esta forma, Honduras regresaría a los organismos regionales y multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo.

El 28 de junio de 2009 el dictador Roberto Micheletti y las Fuerzas Armadas derrocaron del gobierno a Zelaya, que perseguido debió irse del país en enero de 2010, cuando Lobo asumió la presidencia luego de unas elecciones ilegítimas. Desde aquel 28 de junio de 2009 hasta hoy el régimen de facto hondureño ordenó todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Ahora Lobo se compromete a frenar el terror.

El acuerdo del domingo fue firmado también, en calidad de testigos, por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su par venezolano, Hugo Chávez, que fueron los facilitadores del proceso que terminó en este convenio. Es que el 9 de abril de este año Santos y Chávez se habían reunido en Cartagena con Lobo, instancia en la cual se sumó vía telefónica Zelaya. En esa charla se convino la mediación de Colombia y Venezuela.

El acuerdo consta de nueve puntos y ha sido difundido públicamente. En ellos el gobierno de Honduras se compromete a actuar siempre de acuerdo a la Constitución y las leyes nacionales, y a “garantizar” al ex presidente Zelaya el regreso al país, “con reconocimiento pleno de sus derechos”, “incluyendo el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad y libertad”.

El régimen de Lobo también asegura que “profundizará las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los ex funcionarios del gobierno” de Zelaya “y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes”.

El acuerdo “saluda la decisión de las autoridades competentes de anular los procesos judiciales en contra” de Zelaya. En el punto cinco asegura que “velará de manera especial por el cumplimiento de la Constitución de la República en lo referente a las garantías de respeto y protección de los derechos humanos”. De hecho, se “reconoce la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras”.

Asimismo, el convenio asegura que dará todas las garantías de la ley para que el Frente Nacional de Resistencia Popular, que aglutinó a quienes se opusieron a la dictadura y que tiene a Zelaya como coordinador general, pueda inscribirse como un partido político y participar democráticamente en los procesos electorales de Honduras. El documento también estipula el derecho a llamar a una consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por Zelaya.

El último punto “constituye la Comisión de Seguimiento” a todo lo pactado, “integrada originalmente por los cancilleres de Colombia y Venezuela”, María Ángela Holguín y Nicolás Maduro respectivamente.

Según la agencia de noticias Adital, Zelaya destacó que el acuerdo reconoce el respeto a los derechos humanos. “Es un avance de suma importancia, histórico, en la restitución de los derechos democráticos para todos los hondureños”, dijo. Se prevé que Zelaya llegue a la capital hondureña, Tegucigalpa, este sábado.