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3 de enero de 2013 | | | | | |

Solidaridad y lucha

Pronunciamiento público de Amigos de la Tierra ante asesinatos y persecuciones de campesinos en Santiago del Estero, Argentina

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Amigos de la Tierra Internacional (ATI), la federación ecologista de grupos de base más grande del mundo, expresó su solidaridad a las familias de los campesinos Cristian Ferreyra y Miguel Galván, integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) de Argentina, asesinados en 2011 y 2012 respectivamente. La red ecologista extendió la solidaridad a todos los que sostienen la lucha contra el avance de los agronegocios en ese país.

“Repudiamos con dolor e indignación la injusticia de ambos asesinatos que reflejan la situación de inseguridad a la que se enfrentan las comunidades rurales que reclaman sus derechos, así como también los desalojos injustos y los desmontes ilegales que se llevan a cabo diariamente”, expresó ATI en una declaración pública circulada en los últimos días de 2012. “Ante tanta injusticia nos solidarizamos con el sufrimiento de las comunidades campesinas e indígenas que defienden y cuidan el lugar donde nacieron, generación tras generación”, agregó.

Cristian Ferreyra tenía 25 años y el 16 de noviembre de 2011 estaba en su casa, en la comunidad de San Antonio, provincia de Santiago del Estero, preparando una asamblea en la que participarían otros militantes del MOCASE. En determinado momento llegaron hasta el lugar Javier y Arturo Juárez, matones contratados por el empresario sojero Jorge Ciccioli, oriundo de la provincia de Santa Fe. Sin mediar palabras, dispararon a sangre fría y pocas horas después Cristian estaba muerto.

Otros dos dirigentes resultaron heridos y golpeados. Los campesinos del paraje San Antonio están literalmente sitiados por el incesante avance de topadoras, sojeros, políticos y parapoliciales. Son 25 familias que viven en 2000 hectáreas y que ya han sufrido varios ataques, relató a Radio Mundo Real el dirigente del MOCASE Diego Montón, a horas del asesinato de Ferreyra.

El empresario Ciccioli y Javier Juárez fueron encarcelados. A mediados de diciembre de 2012 una cámara de apelaciones de la provincia de Santiago del Estero rechazó un intento de excarcelación por parte de los abogados de los asesinos.

En tanto, el 10 de octubre del año pasado fue ultimado Miguel Galván, que tenía 40 años. Según relató el 11 de octubre a Radio Mundo Real el dirigente del MOCASE Cariló Olaiz, Galván junto a otros campesinos estaban en Paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero, y se reunieron para realizar tareas cotidianas en un corral de pequeños animales. Eso fue interpretado como un intento de impedir el trabajo a un grupo de alambradores de la empresa agropecuaria La Paz, que estaba delimitando como propio parte del territorio comunitario. Fue entonces que el matón Paulino Riso, contratado por la empresa para amedrentar a las familias de la zona para que se permita el alambrado de los territorios de la comunidad, extrajo un puñal con el cual hirió a Galván, que murió desangrado. Luego Riso fue detenido.

Los hostigamientos, amenazas de muerte y golpizas contra la familia de Galván se habían tornado permanentes de parte de personeros de la empresa La Paz, que le disputa una superficie de 100 000 hectáreas a la comunidad para cultivar soja. Hoy esos campos están dedicados a la alimentación de las poblaciones locales. Otra figura repetida: las denuncias del MOCASE antes de los asesinatos no son atendidas debidamente por las autoridades locales y nacionales.

ATI denunció en su comunicado público “la injerencia de las corporaciones transnacionales en la soberanía de los pueblos, y la complicidad de funcionarios públicos para con éstas, quienes les allanan el camino violando los derechos humanos de sus compatriotas”.

Con la muerte de Ferreyra las autoridades argentinas habían reaccionado con el decreto de una moratoria a los desmontes por seis meses. Cumplido ese plazo, el avance de la frontera agrícola continuó, en línea con los planes de producción sojera, y avanzó –desalojos y violencia mediante– sobre territorios campesinos e indígenas de las provincias.

El MOCASE y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC - Via Campesina) impulsan y reclaman la aprobación de una ley que detenga los desalojos de campesinos y comunitarios. La propuesta de normativa es conocida públicamente como “Ley Cristian Ferreyra”.

“Apoyamos la demanda de nuestro grupo de base, Amigos de la Tierra Argentina, de que los gobiernos nacional y provincial tomen conciencia de la realidad de las familias campesinas e indígenas, protejan sus territorios, y apoyen su producción, entendiendo que esto implica prohibir los desmontes, los desalojos y el avance de las empresas del agronegocio”, expresó ATI. “Esperamos por lo tanto que el gobierno dé urgente aprobación a la ley de freno a los desalojos, conocida como ’Cristian Ferreyra’”, agregó.

ATI dijo asimismo que continuará “la lucha por la construcción colectiva de sociedades en donde impere la justicia y la solidaridad, y desde todos los rincones del mundo enviamos nuestro más profundo aliento al pueblo santiagueño”. “Su fortaleza es la de todos los pueblos que resisten el avance de este modelo injusto e insustentable”, sentenció la federación ecologista con presencia en cerca de 80 países.

Foto: http://memoriamocase-vc.blogspot.com

(CC) 2013 Radio Mundo Real 10 años

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