El campamento que mantenía la Asamblea El Algarrobo al costado de un camino comunero ―a 4 kilómetros de la ciudad― y que fuera desalojado por la fuerza el 15 de febrero, cuando los vecinos impidieron el paso de una caravana de maquinarias con destino a la mina, aún permanece en pie.

Como saldo de esa jornada, más de 40 andalgalenses resultaron detenidos y el edificio municipal terminó incendiado.

«La ausencia de justicia, de representantes que escuchen la voz del pueblo en su legítimo reclamo, nos preocupa profundamente, por eso vamos a continuar manifestándonos pacíficamente», aseguraron desde la asamblea.

El proyecto Agua Rica prevé la apertura de una mina de oro, cobre y molibdeno al norte de la ciudad de Andalgalá. Según la empresa, la entrada en producción del emprendimiento extractivo se espera para 2012.

Jorge Ramos, referente de El Algarrobo, sostuvo: «Nosotros nos manifestamos porque vimos pasar, transitar camionetas de la empresa hacia el yacimiento, vimos mucho movimiento en las oficinas centrales de Agua Rica acá en Andalgalá».

Los vecinos denuncian que Minera Agua Rica ―propiedad de la canadiense Yamana Gold― continúa contratando personal, por lo que solicitaron la presencia del juez para que verifique el cumplimiento de su propia resolución.

«Necesitábamos con urgencia saber cuál era el campo de acción, qué era lo permitido a través de esa resolución del juez para con el accionar de la empresa», recordó Ramos.

Una nueva resolución del juez, realizada el mismo día de la protesta establece que las únicas operaciones que no se pueden realizar en Agua Rica son trabajos de exploración y explotación.

Para sorpresa de los activistas, las tareas administrativas y los traslados a la mina están permitidos.

Respecto al plebiscito presentado por un grupo de concejales de Andalgalá y aprobado por el Concejo Deliberante, Ramos explicó que el tema ahora se encuentra en la justicia provincial. «Son meras especulaciones, estamos esperando que se resuelva, tentativamente sería para el 25 de mayo», precisó.

A pesar de que la consulta por el sí o no a la minería le parece «una oportunidad para informar a toda la provincia y el país sobre la alarmante actividad minera», Ramos afirmó que a medida que no van encontrando respuestas hacen oir sus reclamos. «Vamos a hacerlo en todas las capas estatales que hagan falta», dijo.

En Argentina, activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con nuestros corresponsales a través del correo electrónico.

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