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23 de febrero de 2009 | |

TLC: la nueva enfermedad andina

Acuerdos de los países andinos con la UE profundizan dependencia en materia farmacéutica

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El Tratado de Libre Comercio o Acuerdo de Asociación que impulsa la Unión Europea (UE) con dos de los cuatro países que integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) pone en peligro la continuidad de este bloque, pero además representa una amenaza para el acceso a los medicamentos y la salud de los pueblos andinos.

Así lo ha manifestado en un pronunciamiento público el grupo de organizaciones de la sociedad civil de Europa y los países andinos, agrupadas bajo la Alianza CAN-UE. Las organizaciones establecen una diferencia entre la CAN en tanto proyecto económico y su traducción en un proceso de integración de las comunidades de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia. Estos dos últimos países mantienen negociaciones con la UE para obtener un tratado librecomercial a pesar de la oposición que llevaran adelante los dos primeros quienes decidieron salirse de las tratativas con Bruselas.

Las organizaciones destacan que uno de los puntos cruciales de las negociaciones ha sido precisamente el capítulo de propiedad intelectual. “Años atrás se forzó la aceptación de la protección con exclusividad a los datos de prueba, después que el Tribunal Andino de Justicia juzgara que tal protección era contraria al ordenamiento jurídico vigente. Este fue uno de los motivos de retiro de Venezuela de la CAN. El año anterior, para cumplir los compromisos del Perú con los Estados Unidos, se forzaron confusas modificaciones a las normas andinas en propiedad intelectual, que generaron profundas divergencias, especialmente con Bolivia y Ecuador”, señala el comunicado.

Entre las organizaciones y redes suscriptoras del pronunciamiento se encuentran HAI Global (Health Action International), HAI Europa, Concord (que aglutina a 1000 ONG europeas), EPHA (Action for Global Health), Médicos Sin Fronteras (MSF), el Concejo Episcopal Latinoamericano, la Conferencia Episcopal de Colombia, el CINEP (Centro de Investigaciones y Educación Popular, organización de la Compañía de Jesús), Comunidad de Ministros de los Enfermos, AIS LAC (Acción Internacional para la Salud América Latina y el Caribe), AIS Bolivia, AIS Colombia, AIS Ecuador, AIS Perú, la Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, la Fundación Misión Salud y la Fundación Ifarma, entre otras.

La amenaza de la agenda europea en materia de acceso a los medicamentos aún no ha sido presentada en las negociaciones con la CAN, aunque sí estuvo presente en otros acuerdos de reciente factura como el del CARIFORUM y se refiere a las patentes para modelos de utilidad. Estas patentes, cuya duración es de 10 años, se han otorgado solamente a innovaciones mecánicas sobre productos, siendo expresamente prohibidas para procedimientos y para materias excluidas de protección por patente de invención.

El texto del acuerdo UE -CARIFORUM, amplía la aplicación de estas patentes a “cualquier producto o proceso de cualquier ámbito tecnológico, a condición de que sea nuevo, implique un cierto grado de no obviedad y sea susceptible de aplicación industrial”. Semejante propuesta, señalan las organizaciones denunciantes, podría incluir las patentes para segundos usos, para desarrollos triviales e incluso para combinaciones de dos o más medicamentos.

Asimismo, la UE pretende extender la protección de datos de prueba de medicamentos hasta por 11 años, durante los cuales no existirán genéricos. Hoy solamente existe protección a los datos de prueba con exclusividad en Perú y en Colombia, pero limitada a 5 años para los medicamentos. “Téngase en cuenta que en la región los medicamentos genéricos cuestan 4 veces menos que los productos de marca internacional en promedio y en casos puntuales hasta 35 veces menos”, se señala en el comunicado.

También, se recuerda una resolución de mayo de 2008 adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud (Estrategia Global y Plan de Acción sobre Innovación, Salud Pública y Propiedad Intelectual), según la cual el modelo de incentivos para la innovación sanitaria vigente, basado en las patentes y la perspectiva de altos precios de monopolio, no sirve a los países en desarrollo, donde vive el 80 por ciento de la población mundial. “No sirve porque no se traduce en medicamentos para las enfermedades ‘desatendidas’, como malaria, tuberculosis, y porque los nuevos medicamentos para enfermedades que también afectan a los países en desarrollo, tienen unos precios inaccesibles para los enfermos y para los sistemas de salud”.

Las organizaciones andinas y europeas señalan finalmente su rechazo a “que se negocie la salud a cambio de beneficios comerciales, como si se tratara no de un derecho fundamental sino de una mercancía transable”.

Imagen: http://www.flickr.com/photos/bitzi/

(CC) 2009 Radio Mundo Real

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