Esta semana unos 15 mil indígenas iniciaron una movilización hasta la capital del país y tomaron carreteras para exigir, entre otras cosas, la suspensión de la nueva Ley de Minería, ya que ésta es perjudicial para las comunidades rurales.

Es que la aprobación de esta normativa dejaría sin efecto a todas las consultas comunitarias que se han realizado en Guatemala, y en las que la población ha expresado su rechazo a los proyectos de extracción minera.

A eso se suma el pedido de la comunidad de San Juan Sacatepéquez, en el departamento central de Guatemala, para que la empresa cementera Holcim-Cementos Progreso abandone sus territorios. Esta compañía de capitales suizos pretende instalar una planta que estaría funcionando a partir de 2012, y que tendría un costo aproximado a los 600 millones de dólares.

Integrantes de la asociación Ceiba Guatemala comentaron que los pobladores que se verían afectados por este emprendimiento son principalmente artesanos de la mueblería y el telar, y cultivadores de flores.

Aseguran que los planes de la cementera para supuestamente “mitigar” los impactos ambientales incluyen la reforestación con eucaliptos, lo que tendría consecuencias aún más graves sobre las fuentes de agua, advierten los lugareños.

Por otra parte, Radio Mundo Real entrevistó a Alfonso Morales, líder de la coordinadora Maya Mam del departamento de Huehuetenango, en la frontera noroccidental con México, donde las organizaciones están pidiendo la suspensión inmediata de cincuenta licencias de minería, y también la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, que promueva la economía local y campesina.

“Miles de compañeros indígenas han salido a la calles, para defender las 25 consultas mineras que se hicieron en Huehuetenango”, afirmó Morales, que advierte sobre el proceso de criminalización que están sufriendo los dirigentes sociales en Guatemala.