Políticos, empresarios y militares. Esos son los actores identificados por los garífunas como los principales responsables del conflicto territorial, ya que son los principales interesados en la especulación inmobiliaria destinada a proyectos turísticos.

Los promotores inmobiliarios prometen hoteles de lujo, condominios y campos de golf, mientras las autoridades de gobierno cierran trato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está dispuesto a financiar los emprendimientos.

A través de un comunicado público divulgado el pasado 14 de febrero, la comunidad garífuna de San Juan Tela denuncia que los intereses particulares de algunos pocos se sobreponen a los derechos colectivos de la comunidad, a pesar de que existen medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes de este largo conflicto por tierras son complicados. En esa historia, según los afectados, hay desalojos, persecuciones, amenazas y crímenes impunes.

Tampoco faltan expedientes de propiedad que misteriosamente desaparecen de oficinas públicas, y que terminan favoreciendo a los promotores de los supuestos “planes de desarrollo” para la región, entre ellos el Instituto Nacional Agrario (INA), y la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO).

A modo de antecedente, uno de los principales dirigentes comunitarios, Wilfredo Guerrero, que preside el Comité por Defensa de la Tierra, sufrió en 2005 un atentado que nunca terminó de aclararse. Su casa en San Juan Tela fue incendiada, en circunstancias confusas, aunque afortunadamente él y su familia resultaron ilesos.

En octubre de 2007, Guerrero fue detenido en su casa por encapuchados, dependientes del Ministerio de Seguridad, según trascendió en ese momento, y nunca terminaron de conocerse los cargos que se le imputaban.