La población de la provincia de Aymaraes, una de las más afectadas, comenzó ayer miércoles un paro general para protestar por la contaminación sobre el río Opomayo, y con el propósito de denunciar a las autoridades ambientales, que no han enfrentado la situación como corresponde, según afirman.

El dirigente local Carlos Candietti criticó en una entrevista con la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) la “actitud irresponsable” de la minera y amenazó con una huelga regional indefinida en caso que las autoridades no atienden los reclamos de la población.

Relató que los materiales tóxicos ya hicieron estragos en por lo menos trece comunidades campesinas de Huancavelica, alertó por una creciente mortandad de peces -fundamentalmente truchas- en el Opomayo y advirtió por el riesgo sanitario que corre toda la población.

“No es sólo el 80% del río Opamayo que está contaminado, sino el 100% de la cuenca del Lircay”, enfatizó el referente local, ante una consulta de CNR.

El Ministerio del Ambiente publicó esta semana un decreto en el diario oficial para declarar el estado de “emergencia ambiental” durante 90 días, con la intención, según dicen, de permitir “la recuperación de la calidad ambiental y condiciones
de vida en la zona afectada”.

El pasado 25 de junio cayeron sobre los ríos Opamayo y Escalera, de acuerdo a lo estimado por la cadena Telesur, unos 21 mil metros cúbicos de desechos, lo que ya provocó consecuencias sobre una superficie de setenta kilómetros cuadrados.

La respuesta de las organizaciones peruanas ante la tragedia no se hizo esperar. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) denunció a la minera porque después del incidente no alertó a la población, y eso puso en serio peligro “la vida de hombres, animales y sembríos", mientras que la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) demandó el cierre definitivo de la empresa por provocar un “atentado criminal” contra las comunidades campesinas

Foto: www.conacami.org