El caso de la violencia aplicada contra quienes han enfrentado, desde hace cinco años, la instalación del proyecto Hidro Santa Cruz, determinó el pasado 1º de mayo el decreto de Estado de Sitio en el lugar por parte del gobierno de Otto Pérez Molina, de origen militar.

En una rueda de prensa celebrada esta semana, el Comité de Unidad Campesina y el Coordinador de Pueblos del Oriente (CUC y CPO respectivamente), además de abogados que han seguido el caso tanto de las muertes como de las detenciones, trajeron nuevamente a colación los hechos y reiteraron el daño permanente causado a las familias, al tiempo que señalaron irregularidades en el proceso legal.

Entre ellas, se señaló la existencia de declaraciones tomadas en forma anómala a favor de la empresa Hidro Santa Cruz SA, la presencia de actores estatales intentando recoger voluntades a favor de la empresa a cambio de la liberación de los aún presos, así como la aplicación de tácticas vinculadas con la guerra interna que azotó a Guatemala en los años 80, pero esta vez con la población en resistencia como “enemigo interno”.

Al anularse la declaración anómala a favor de la empresa, también quedaron sin efecto diez órdenes de captura, aunque aún se encuentran vigentes otras 23, igualmente irregulares, se señaló en la conferencia de prensa.

Rafael González, del CUC (Vía Campesina), señaló que desde la aplicación del Estado de Sitio por parte del gobierno de Guatemala las comunidades de Santa Cruz Barillas se han visto seriamente afectadas psicológicamente.

Y reclamó un resarcimiento “integral” a las familias por dichas secuelas que “hicieron recordar mucho los tiempos de la guerra”. Rafael también llamó a un involucramiento general de la sociedad guatemalteca para esclarecer los hechos y permitir la liberación de los once detenidos que enfrentan cargos como terrorismo, delitos contra las vías públicas e incendio agravado.

Por su parte el abogado Carlos Bezares desarrolló la entidad de las irregularidades por las que ha atravesado el proceso y señaló que se ultima una demanda contra el Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de DDHH. Bezares indicó que las detenciones fueron realizadas con antelación a la declaratoria de Estado de Sitio.
“Por todo eso resulta impensable en un estado democrático y de derecho como es el nuestro y se deben respetar las garantías individuales de las personas”, señaló el jurista.

En la rueda de prensa participó también Natalia Atz, coordinadora de la organización CEIBA - Amigos de la Tierra Guatemala quien reclamó a las autoridades judiciales y operadores de justicia de Guatemala a actuar con honestidad, imparcial y objetivamente en los casos judiciales que implican a comunidades indígenas y rurales que defienden el territorio, los bienes naturales y la Madre Tierra.

Por último el también abogado Sergio Beltetón dijo sin rodeos que en Guatemala se vive una “vuelta al pasado” a épocas del conflicto interno. “El estado guatemalteco está volviendo al pasado y este caso es un caso ejemplar”, indicó Beltetón, por lo que debería preocupar a la comunidad guatemalteca tanto como a la internacional.

Fue este un informe especial desde Guatemala a cuatro meses de los hechos de represión en Santa Cruz Barillas.