El 2 de noviembre, fecha en la que se celebra el día de los difuntos, un grupo de campesinos del Bajo Aguán llegaba a un cementerio de la zona, cuando fue atacado por un equipo de guardias de seguridad, según informaron las organizaciones locales.

El ataque de los sicarios contratados por el empresario local René Morales terminó con dos campesinos muertos: Catalino López, de 50 años, perteneciente al grupo El Despertar, y José Luis Lemus, de 35 años, que llegó a ser trasladado a un hospital de San Pedro Sula en estado grave y que luego falleció.

En la emboscada, según un reporte de Fian que divulgó ALBA TV, participaron efectivos policiales y militares, y se dio en el marco de la operación Xatruch II, que se expandió en el Bajo Aguán con el pretexto de frenar la violencia, pero que evidentemente la ha terminado potenciando.

En este caso puntual, los efectivos que participaron en el operativo se movilizaron hasta el lugar “para acompañar a los guardias de seguridad, olvidando su obligación de proceder a la captura de los victimarios y socorrer a las víctimas”, según la denuncia de Fian.

Con este nuevo ataque, ya son casi 50 los campesinos asesinados desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia, y en todos los casos el manto de impunidad es la principal característica.

La gravedad de todos estos hechos derivó en la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que viene analizando las “graves violaciones” a los derechos humanos en el Bajo Aguán.

Según los datos de una misión de la CIDH, que estuvo en esta conflictiva región entre febrero y marzo de este año, hay aproximadamente 3500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra, y que viven bajo amenaza de los grandes terratenientes, en su mayoría productores de palma aceitera.