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18 de febrero de 2009 | |

Cara de acero

Ocho mil pescadores brasileños amenazados por gigante alemán

Fue una de las empresas denunciadas en el último Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). En esa ocasión, el testimonio que dieron los pescadores de la bahía brasileña de Sepetiba impactó a todos los presentes.

“Venimos a denunciar la masacre y la destrucción ambiental de la empresa alemana Thyssen Krupp”, señalaba en ese marco el pescador Luis Carlos Da Silva, que desde hace cuarenta años trabaja en esta zona del Estado de Río de Janeiro.

Y la campaña de denuncia para evitar el desplazamiento de los ocho mil trabajadores de la pesca continúa. Unas 150 organizaciones sociales de Brasil presentaron ayer una carta de respaldo a los pescadores afectados ante el Ministerio Público de Río de Janeiro. La misiva incluye denuncias de amenazas de muerte sufridas por los pescadores de la región que intentaron organizarse para frenar el proyecto siderúrgico.

“Nosotros queremos que esas amenazas sean investigadas por las autoridades competentes. La Thyssen Krupp viene a lo largo de todo estos años infringiendo varias leyes brasileras”, afirmó al sitio de noticias Adital la activista Sandra Quintela, del instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur (PACS).

Los grupos de pescadores estiman que en total son unas 43 mil las personas afectadas por la actividad del conglomerado Compañía Siderúrgica del Atlántico (CSA), que conforman la empresa alemana y la privatizada Compañía Vale do Rio Doce (CVRD).

A partir de las obras de dragado iniciadas en 2006 en la bahía de Sepetiba, los pescadores han visto afectada su actividad laboral por la desaparición de especies como la corvina, el roballo y el camarón.

El lugar que eligió la corporación alemana para construir su puerto privado está ubicado en el mismo sitio en el que esas variedades acuíferas realizan el desove, que asegura la reproducción y, en consecuencia, la soberanía alimentaria de la región.

El proyecto siderúrgico de la Thyssen Krupp, destinado solamente a la exportación de acero, es financiado por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La carta de repudio de los movimientos sociales también fue entregada al presidente de la institución bancaria, Luciano Coutinho.

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