Radio Mundo Real

Guatemala ocupa los titulares informativos del mundo luego que el asesinato de un connotado abogado produjera acusaciones de corrupción y homicidio por encargue en las altas esferas oficiales del gobierno de ese país.

El centro de la polémica es la gestión en el banco semi-estatal Banrural, el más importante de Guatemala y la acusación directa al mandatario Álvaro Colom hace pensar en que se busca desestabilizar el clima social en Guatemala para propinar un golpe de timón a su gestión, opina Carlos Muralles, representante legal de la organización CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala.

El abogado asesinado el pasado domingo 10 de mayo era Rodrigo Rosenberg, quien en un video pregrabado había acusado de su eventual muerte a Colom, a su esposa y otros altos funcionarios oficiales. Rosenberg también acusaba a Colom por la muerte intencional de un empresario vinculado a Banrural, Khalil Musa y su hija el mes pasado.

En la grabación, de 18 minutos de duración, se observa al abogado sentado en un escritorio explicando las razones por las cuales habría sido ordenado su asesinato.

“La razón por la que estoy muerto es porque hasta el último momento fui abogado del empresario Khalil Mussa y su hija”, dice Rosenberg en el video. El abogado también dejó un documento de puño y letra alegando los motivos de su crimen.

Sin embargo, a pesar de la aceitada difusión que adquirieron los ribetes del crimen, y de lo contundente del documento audiovisual desde CEIBA se mantiene una luz de alerta: “tenemos nuestra sospecha de que se trata de una maniobra de las principales cámaras empresariales del país” para lograr la intervención de Banrural y desactivar algunas políticas públicas acertadas del gobierno de Colom, afirmó Muralles en diálogo con Radio Mundo Real.

Para el representante legal de CEIBA “muchos están aprovechando para desprestigiar al gobierno y por otro lado crear un clima de desestabilización en el país y llevarse por la borda los programas de tipo social y que los mismos sean empleados en otros programas con tinte empresarial”.

Asimismo, Muralles opinó que se busca desprestigiar al propio Banrural -en cuyo directorio están representadas organizaciones sociales y campesinas- con la finalidad de su desfinanciamiento e intervención.

El integrante de CEIBA no descartó que el gobierno guatemalteco efectivamente haya incurrido en negocios sucios vinculados a los círculos empresarios. “No salimos en una postura de defender totalmente al gobierno sino que dejamos el beneficio de la duda para algunos temas que allí se mencionan. Lo que sí parece que todo salió a la perfección, es una situación bastante delicada y preocupante, por lo que pedimos que se haga una verdadera investigación a fondo de todo esto y que queden en claro las eventuales responsabilidades del gobierno y también de aquellos que quieran aprovecharse de esta situación”, dijo Carlos Muralles.